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Rechazo a la nueva prórroga de las concesiones viales nacionales
(21/04/2017)

Teniendo en cuenta que el 21 de abril de 2017, vencen las concesiones viales en corredores nacionales, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) rechazó la nueva prórroga que pretende autorizar el Gobierno Nacional.

Para alcanzar objetivos estratégicos, es prioritario que el estado nacional, con coraje, voluntad y decisión política, y en defensa del interés general, de por finalizada las concesiones viales nacionales bajo un sistema de falso peaje o impuesto al tránsito y la circulación, implementado en la década de los “90”, recuperando así en forma definitiva el control absoluto de los corredores en cuestión.

El CONADUV exhorta al Gobierno Nacional a no prorrogar las actuales concesiones y a no llamar a nuevas licitaciones que contemplen la existencia de estaciones de cobro de peaje en ruta, requiriendo la correcta asignación de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles, y permitir así el sostenimiento y mejoramiento de la Red Vial Argentina generando condiciones óptimas de transitabilidad, “SIN ADUANAS INTERIORES, SIN BARRERAS Y SIN PAGO DE PEAJE”.

Se entiende que la recaudación del Impuesto a los Combustibles es más que suficiente para iniciar y sostener un sistema de mantenimiento y mejoramiento de toda la red caminera del País. De este modo comenzar a construir una red vial moderna y segura, que preste servicio al productor del interior, mejore las economías regionales y la competitividad en su conjunto, logre una real baja en el costo de transporte, que desarrolle la Argentina, que beneficie el turismo, y fundamentalmente, que logre una reducción efectiva en el índice de accidentes y siniestros viales. Así lo han entendido todos los países desarrollados del mundo.

Para lograr estos objetivos estratégicos, es prioritario que el Congreso de la Nación implante por ley una verdadera Política de Estado, que transforme en autopistas nuestra Red Troncal de Carreteras mediante los contratos de Participación Público Privada (PPP) - Ley 27328 del 16/11/2016. Esto garantizará la circulación “libre de peaje”, ya que las obras de transformación de la Red deberán ser financiadas por los contratistas, quienes recuperarán su inversión, en el largo plazo, por un flujo de repago proveniente, por ejemplo, del impuesto a los combustibles que venimos pagando desde hace décadas, a cambio de nada. De este modo, los fondos presupuestarios asignados a obras en la Red pueden derivarse totalmente a obras de infraestructura muy necesarias que no cuentan con un flujo propio de repago

La situación del sistema vial argentino no admite una dilación más; el absoluto fracaso y la experiencia nefasta de corredores viales concesionados bajo el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta, con tarifas inapropiadas, abusivas e ilegales, y moderada calidad de mantenimiento, rutas provinciales y caminos secundarios abandonados por falta de recursos, requiere la recuperación por parte del Estado de la potestad para establecer un nuevo sistema vial.

El concesionamiento de corredores viales nacionales como provinciales, ha sido desde el año 1990 y sigue siendo actualmente, un tema de gran preocupación para el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), teniendo en cuenta los graves prejuicios sociales y económicos que ha provocado y provoca al cabo de más de 26 años.

A través de diversos estudios e investigaciones llevados a cabo por el CONADUV, se desnudaron las graves falencias que éste régimen de “falso peaje” o impuesto al tránsito y la circulación, claramente ilegal, inconstitucional, injusto, inviable y antieconómico, arrastra desde su concepción y puesta en marcha, y que se fue agravando a través de sucesivas renegociaciones y adecuaciones, que no contemplaron la participación de los usuarios viales directos e indirectos, terminando por cambiar totalmente los objetivos enunciados y la esencia del sistema propuesto.

Se detectaron incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de las empresas concesionarias, imprecisiones y vacíos regulatorios en el marco general de la concesión, transferencia indebida por tarifas ilegales, y también de subsidios y compensaciones a los concesionarios, así como cierta dificultad de los Organismos Públicos para ejercer en forma eficaz las funciones de contralor. Fueron identificadas un conjunto de características de las concesiones viales que se mostraron contrarias y lesivas al interés general.

Habiendo transcurrido más de 26 años de implementado el sistema de “falso peaje”, el usuario vial se encuentra pagando por corredores cuyo estado de transitabilidad es poco satisfactorio y sin recibir una contraprestación adecuada en relación a la tarifa de peaje que se abona.

Es así que se tienen tarifas ilegales que no cumplen con las leyes de peaje vigentes, buena rentabilidad asegurada para los concesionarios, subsidios y/o compensaciones tanto a nivel nacional como provincial, ausencia de caminos alternativos libres de pago, actualización constante de tarifas, inexistencia de Audiencias Públicas “Vinculantes”.

El sistema de “falso peaje” implementado en el año 1990 no produjo un mejoramiento progresivo de la red concesionada, ni ampliación en longitud y capacidad de la red vial, y tampoco resultó apto para afianzar un proceso de integración nacional y regional. Justamente las pocas obras de envergadura realizadas, fueron llevadas a cabo a través del Estado Nacional.

Fuente: Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV)



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