Industria Naval

Industria naval: sin promoción ni presupuesto

Industria naval: sin promoción ni presupuesto

 Hay malestar por los sorpresivos vetos del presidente Macri a dos artículos de la ley aprobada a fines de noviembre por el Congreso que garantizaban el financiamiento.
Luego de intensos acuerdos y negociaciones entre gremios y entidades empresarias con el Poder Legislativo y el Ejecutivo, que se desarrollaron durante todo el año último, el sector no quedó fuera del reñido cierre de sesiones que se dio en el Congreso en 2017. Al tiempo que se promulgó la ley de desarrollo de la marina mercante nacional y la integración fluvial regional (27.419) se observaron los artículos 10 y 13 de la ley de industria naval (27.418), que creaban un fondo para equipamiento y tecnología de astilleros nacionales de la marina mercante.
La acción del presidente Mauricio Macri, que se reflejó el 20 de diciembre en el decreto 1076 publicado en el Boletín Oficial, dejó sin efecto el artículo 10, que establecía una asignación anual de 1500 millones de pesos actualizados según el índice de precios internos básicos que se denominó Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (Fodinn), y el artículo 13, que fijaba obligaciones para mantener beneficios en caso de que el régimen de construcción naval perdiera vigencia dentro de los 10 años de promulgada la ley.
La norma 27.419 crea un Registro de Armadores Nacionales, para que quienes estén inscriptos en él puedan gozar de los beneficios previstos en la ley y establece "la consolidación y el incremento de la participación de la flota mercante argentina en los fletes generados: por el cabotaje nacional; por los tráficos bilaterales y multilaterales comprendidos en acuerdos suscritos por la República Argentina; y por los tráficos internacionales, en particular, el aumento de su participación en el tráfico de la hidrovía Paraguay-Paraná y el río Uruguay".
Este paso quedó opacado porque los proyectos de marina mercante e industria naval "se concibieron como un engranaje que no permite pensar el desarrollo de uno sin el otro", expresó Mariano Gendra Gigena, abogado especializado en derecho aduanero y vocero del Frente Renovador (FR), y aseguró que los dos puntos fueron propuestos por el oficialismo para arribar a un consenso sobre cómo financiar el desarrollo industrial del sector naval. La sorpresa alcanzó a los promotores de ambos proyectos ya que los textos comenzaron a trabajarse en simultáneo en cuanto asumió el Gobierno; recibieron apoyo unánime de los senadores en 2016; fueron eje de un duro análisis a lo largo de todo 2017 al llegar a Diputados, donde se modificaron, y finalmente fueron aprobados sin debate a fines de noviembre en la Cámara alta.
"Este fondo era uno de los pilares para la reactivación de la industria naval nacional, generando fábricas y puestos de trabajo calificados, así como múltiples empresas subsidiarias", se quejó de inmediato el senador Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur-Unen) vía Twitter. Luego, la diputada Marcela Passo (FR) expuso su malestar en la Cámara de Diputados: "Si bien técnicamente el veto del Presidente fue parcial, en la práctica el veto es total porque le quitó la posibilidad del fomento que tanto esperaba el sector".
En la misma sesión, el diputado Julio Solanas (PJ-FPV), titular de la Comisión de Intereses Marítimos, leyó una carta del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), en la que los trabajadores advierten sobre un "atropello a las instituciones" y luego pidió que se revean los puntos observados.
Desconcierto
"Estamos decepcionados porque el oficialismo fue el principal consensuador del último proyecto que se aprobó", sostuvo Julio González Insfrán, presidente del Centro de Patrones y Capitanes Fluviales. Y, sin disimular su enojo, destacó que se buscó la forma adecuada de darle presupuesto al sector sin recurrir a tasas o subsidios. En la misma línea, Juan Speroni, secretario adjunto de SAON, lamentó que "el resultado de este inmenso recorrido donde se atendieron todas las necesidades, es un veto que prácticamente vacía las leyes. Acá y en cualquier parte del mundo es imposible remontar la marina mercante sin promoción de la industria naval".
El descontento también quedó plasmado entre los empresarios. "Estamos enojados y desconcertados", afirmó Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval; y agregó que "es poco" lo que queda de la ley si se le quita el financiamiento: el marco regulatorio y la importación de insumos con cero de arancel. "Están imponiendo un modelo de país sin marina mercante", advirtió González Insfrán y describió que eso representa "mantener el actual estado de situación y responder a intereses de las multinacionales que no quieren competencia para sacar nuestra carga del país. Peor aún -añadió- si apuntan a importar de manera desmesurada, sin una política de control, porque eso ya lo vivimos y significa destruir la industria nacional".
Leonardo Abiad, gerente de la Federación de Empresas Navieras (FENA), reafirmó que "es importante que los armadores tengamos financiamiento para construir en astilleros argentinos". Y destacó que "pese a que no se haya plasmado en la ley, es sustancial que el Poder Ejecutivo, en el marco de los lineamientos económicos que está proponiendo, analice posibilidades tanto para el financiamiento como para la competitividad del sector industrial".
"Gracias a este gobierno por fin se había entablado un consenso, pero justamente los artículos que se vetan son el corazón porque tratan sobre promoción, financiamiento y reintegros", dijo Miguel Álvarez, titular de la Cámara Santafesina de la Industria Naval (Casin). Además, aclaró que "los $1500 millones no son una cifra importante para el sector, pero desde lo simbólico seguramente el ministro Nicolás Dujovne evalúo ¿por qué se le va a dar dinero a un sector y no a otro?". Según Álvarez, en el contexto de la problemática actual, "es razonable" pero no justifica que el oficialismo haya propuesto un esquema y luego lo anule. "Como estaban presentados estos artículos propuestos por Hacienda, Producción y Transporte a último momento, eran adecuados y resolvían el problema de los proyectos anteriores que alternaban entre subsidios o tasas destinada a la industria", sostuvo.
Cambio de rumbo
Lo que demoraba el proyecto de industria era el modo de financiamiento; todos coincidían en que no se podían generar nuevas tasas y rechazaban los subsidios que contemplaba el texto original. "En acuerdo con diputados del Frente Renovador, el PJ y el FPV, propusimos asignar una partida del presupuesto regulada por una comisión técnica, pero fue rechazada", contó Gendra Gigena.
En un nuevo encuentro llegó la alternativa: utilizar parte del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear), que el Ministerio de Producción ejecuta a discreción. "Tal cual como estaban redactados los artículos desde el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Industria, se incorporaron; nos convencieron, parecía una salida interesante y cumplía con asegurar un fondo para la actividad. Aceptamos y con esto se consensuó el 95 por ciento del proyecto", añadió.
Si bien los proyectos se aprobaron a fines de noviembre, fueron consensuados antes de las elecciones legislativas de octubre. Para los más interesados en el desarrollo del sector, esa lectura permite comprender el drástico cambio en la posición del oficialismo. Incluso los diputados de la oposición que integran la Comisión de Intereses Marítimos, donde se gestó la ley, se solidarizan con sus colegas del bloque de Cambiemos al sospechar que "seguramente no estaban al tanto de la intención de veto y desfinanciamiento que se desencadenó".
Expectativas
"Así como quedaron los proyectos es difícil hablar de beneficios porque estaban totalmente conectados y enmarcados en un proceso de transformación logística", aclaró Speroni, mientras que González Insfrán afirmó que "si el Gobierno fracasa por las decisiones que está tomando, continuaremos con la próxima gestión". Días atrás, el presidente del Bloque Justicialista de la Cámara alta, Miguel Pichetto, y el senador Carlos "Camau" Espínola se reunieron con representantes de las organizaciones de trabajadores y empresariales de la industria naval. Aunque se definió pedir una reunión con Hacienda para este mes, se transmitió la necesidad de hallar un modo de financiamiento que no "complique" las arcas del Estado. Fuente La Nación, por Ana Belén Ehuletche



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