Transport & Cargo

Las lecciones de un lock out patronal y sus consecuencias

Las lecciones de un lock out patronal y sus consecuencias

por Agustín Barletti

Queda claro que los prácticos ya no tienen margen para medidas de fuerza que quiebren la cadena logística.

Las derivaciones del lock out de prácticos que afectó la navegación entre el 20 y 21 de julio de 2017 y quebró la cadena logística argentina, aun no culminan.
Las denuncias ante la Prefectura Naval Argentina por parte de las agencias marítimas afectadas siguen su curso. La Prefectura promovió diversas investigaciones sumariales e imputó responsabilidad administrativa a las empresas de practicaje por no disponer en
dichas fechas una guardia mínima de prácticos a los fines de garantizar este servicio público, ocasionando con dicho accionar la demora en la zarpada de varios buques.
En los mismos sumarios, a los profesionales prácticos que se hallaban de turno durante la medida de fuerza, se les imputó responsabilidad administrativa, en los términos del artículo 599.0101 del Reginave, al no cumplir con su obligación de prestar el servicio
público. En este caso, la pena puede ser apercibimiento, suspensión de hasta dos años, o incluso la cancelación de la habilitación para prestar el servicio.
En todos los casos, la Prefectura señaló que la conducta atribuida evidenciaba un claro entorpecimiento al normal funcionamiento del transporte por agua, de conformidad con el artículo 194 del Código Penal, cuyas penas previstas van de tres meses a dos años de prisión.

Durante la medida de fuerza de los prácticos fueron afectados 16 Panamax y Handy con un costo promedio diario de u$s 12.500, tres buques porta contenedores a un costo de u$s 15.000, y un quimiquero a u$s 20.000. Esto da una suma de u$s 530.000 por los dos días del
lock out. A esto se suman los u$s 185.000 por los 107 contenedores que dejaron en tierra buques como el Symi I, que decidió zarpar un día antes de Exolgán para evitar la medida de fuerza, por lo que el total alcanza los u$s 715.000.
Los contenedores que quedaron en puerto, la mayoría de Hapag Lloyd y slots de otras navieras como Hamburg Sud, Zim, Alianca y NIPP, debieron sufrir los recargos lógicos del caso. Como referencia, un contenedor de 20 pies tiene u$s 478 de gastos portuarios, y u$s
600 de falso flete a Hong Kong o Singapur. En el caso de los contenedores de 40 pies, este costo trepa a u$s 852 y u$s 800 respectivamente. Y si es una unidad refrigerada, u$s 1.730 y u$s 2.700. De los 107 contenedores afectados, 45 fueron de 20 y 62 de 40 pies. Calculandoque el 20% de ellos sean refrigerados, se llega a la suma de u$s 185.000 que se calcula debió ser abonada como consecuencia del lock out.
Comunicación
En una comunicación a sus asociados que lleva la firma de su presidente, Claudio Tubio, la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje dio cuenta de esta situación. Allí se informó que la asesoría legal inició una estrategia consistente en organizar contactos y reuniones a
distintos niveles con funcionarios de Prefectura para preservar los intereses del sector y que la autoridad demostró su predisposición a evaluar los argumentos jurídicos expresados por los prácticos.
La misiva de la Cámara finaliza con optimismo y señala que, "se está en condiciones de adelantar que en los referidos sumarios, en poco tiempo más, se dictaría el sobreseimiento tanto de las empresas, como de los profesionales imputados".
Seguramente el sobreseimiento se produzca, pero solo por cuestiones procesales. No se puede aplicar con efecto retroactivo el decreto 874, dictado a fines de octubre de 2017, y el juzgamiento del delito previsto por el artículo 194 de Código Penal es competencia de la
Justicia Federal, no de la Prefectura.
Sin embargo, queda claro que ya no hay margen para repetir una medida de fuerza de este tipo en el futuro. Este es el gran logro de un gobierno que supo ponerse firme ante el paro de un servicio que, por su importancia, es considerado público. Fuente: Transport & Cargo

 



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