La Unidad de Información Financiera (UIF), presentó tres propuestas de trabajo en cada una de las tres comisiones de trabajo del Consejo Federal de la Hidrovía, con el objetivo de establecer funciones de control y supervisión que impulsen procesos destinados a identificar, monitorear, administrar y mitigar riesgos del lavado de activos en el Corredor Litoral del corredor litoral (terrestre, fluvial y marítimo)..
La conformación del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), impulsado por el Ministerio de Transporte, es de suma relevancia para el tratamiento de la actual concesión con Hidrovía S.A. que se encuentra próxima a vencer. En este sentido, desde el 9 hasta el 23 de marzo, se llevaron adelante los encuentros por zoom de las tres Comisiones de trabajo del CFH con el fin de que las entidades con interés en la materia colaboren presentando sus propuestas sobre la planificación estratégica y económica, obras e infraestructura y la cuestión ambiental de la Hidrovía en el contexto del Corredor Litoral (terrestre, fluvial y marítimo).
En la “Comisión de Planificación Estratégica y Económica”, el Organismo postuló la creación de un órgano de contralor que, a partir de una Base Federal de Información Económica, centralice y releve la información acerca de los puertos públicos y privados habilitados o ilegales, las embarcaciones en operaciones y las zonas de producción, procesamiento, transporte y embarque. Ello, con el propósito de obtener datos permanentes a ser compartidos por: UIF, AFIP, Ministerio de Agricultura, INTA, Servicio de Hidrografía Naval, Servicio Meteorológico Nacional, ANMaC y demás organismos con incumbencia en la materia.
En la “Comisión de Obras e Infraestructura”, y a los efectos de garantizar la transparencia en el proceso licitatorio, se propuso adecuar los antecedentes y la convocatoria a los estándares que emanan de las previsiones de la Ley N° 25.246, la Ley Penal Empresaria N° 27.401, la Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442 y las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En tal sentido y con el objeto de propiciar medidas que aseguren el desarrollo de actividades lícitas en espacios recorribles y controlables, se propuso la colaboración de las Agencias y Organismos Federales competentes para realizar, entre otras, acciones como ser: delimitar y fiscalizar las áreas físicas y territoriales de la Hidrovía; relevar las construcciones portuarias y ribereñas ilegales situadas en la franja y actualizar los sistemas de contralor federal en los espacios aéreo, fluvial y terrestre.
Finalmente, en la “Comisión de Propuesta Comisión de Ambiental”, la UIF propuso realizar un análisis -conjunto e integral- de los procesos de afectación ambiental en aspectos tales como los movimientos no informados y desertificación de suelos en áreas de producción; el desvío de aguas no autorizadas; el control de contaminación de napas y acuíferos; el control de contrabando de especies nativas; la intervención de áreas protegidas; el control de habilitaciones de explotación mineras en la cuenca Paraná-Paraguay y la modificación de escorrentía por obras de infraestructura y/o conjuntos inmobiliarios.
La llamada Hidrovía que conecta a la Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil y que -debido a su extensión- es el segundo corredor natural en Sudamérica y uno de los más extensos del planeta, constituye una de las reservas hídricas más importantes del mundo, tanto por el caudal de los ríos que desaguan en ella, como por la diversidad biológica del área. Es también una de las obras más importantes de infraestructura logística en nuestro país y la opción de transporte más relevante para la producción nacional, siendo un canal crucial para la comercialización internacional de granos y materias primas (mineral de hierro, aceites vegetales, soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sus derivados), representando aproximadamente la salida del 80% de las exportaciones argentinas y el ingreso del 95% de las importaciones.
En el marco de las privatizaciones que tuvieron lugar en la década de los 90 en Argentina, en 1995 el gobierno de Carlos Menem privatizó la administración del mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, dejándola en manos de la empresa Hidrovía S.A. -una fusión entre la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa-. En noviembre del 2020 el Gobierno Nacional decretó la renovación de la concesión de la vía navegable hasta abril del presente año, con el fin de estudiar distintas posibilidades sobre la administración de la Hidrovía.
Además de la vital importancia para el abastecimiento energético y el comercio legal y transparente, el Corredor Litoral, también ha sido utilizado, a lo largo de su historia, para llevar a cabo maniobras de contrabando, evasión tributaria, trata de personas, narcotráfico y contrabando de armas. Es por ello que la propuesta de la Unidad de Información Financiera (UIF) al Consejo procura colaborar en políticas de control y prevención de prácticas delictivas como ser, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, los delitos económicos complejos y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico y contrabando desplegadas a través de la mencionada Hidrovía.
En la reunión Plenaria del CFH programada para el próximo 26 de abril, se presentarán las conclusiones de las Comisiones para poder avanzar en la coordinación política y estratégica de la administración de esa vía navegable.
