Proyecto de Ley “Ómnibus” propone cambios sustanciales en el Régimen Federal de Pesca, que han generado la preocupación en el sector ya que abre a buques extranjeros la pesca en el mar argentino (Zona Económica Exclusiva ZEE) y permite a empresas extranjeras licitar por las cuotas de pesca, disminuye los requisitos para permisos de pesca en cuanto al origen y antigüedad de los buques.

Por Ariel Armero

El ambicioso proyecto de ley denominado “Ley Ómnibus” presentado por el nuevo gobierno al Congreso, propone cambios profundos al Régimen Federal de Pesca, específicamente la Ley 24.922.  La iniciativa apunta a redefinir las funciones y atribuciones de las entidades reguladoras y establecer nuevas directrices para la gestión y explotación de los recursos marinos.

Desde el sector pesquero se han levando voces críticas que advierten los riesgos de la introducción de un sistema más laxo para la autorización de la explotación del recurso marítimo argentino.

Críticos del proyecto señalan que la eliminación de ciertas restricciones, como la obligatoriedad de desembarcar en muelles argentinos, podría fomentar la pesca ilegal, la evasión fiscal y afectar la industria pesquera local. 

Además, se cuestiona la viabilidad y efectos de la reforma en términos de sustentabilidad y gestión de recursos al contemplar un sistema de licitaciones internacionales para asignar cuotas de captura. Esta modificación introduce la obligatoriedad de licitar las cuotas de captura anual y elimina aspectos cruciales como la especificación en la adjudicación de cuotas por buque, especie, zona de pesca y tipo de flota. Además, establece que los permisos de pesca tendrán una duración mínima de 20 años. 

Otro aspecto crítico es el que elimina la normativa sobre la antigüedad de los buques de pesca y facilita la importación de buques extranjeros, lo que es perjudicial para la industria naval argentina.

La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) anunció que presentarán un amparo para evitar cambios en la Ley Federal de Pesca. Raúl Cereseto, presidente de Fulasp, expresó su preocupación al declarar que este proyecto no solo atenta contra la soberanía marítima de Argentina y sus recursos, sino que también coloca en igualdad de condiciones a buques depredadores extranjeros con empresas nacionales, poniendo en riesgo miles de empleos. Además, Cereseto señaló que el incremento del 15% en los derechos de exportación, sumado a la reforma propuesta, generaría una inseguridad jurídica devastadora para el sector pesquero nacional.

Fulasp subraya que la iniciativa gubernamental viola dos artículos clave de la Constitución nacional: el artículo Nº 41, que insta a la utilización racional de los recursos naturales y la preservación del patrimonio natural y cultural, y el artículo 14 bis, relacionado con el derecho del trabajo.

La actual Ley Federal de Pesca prioriza en el otorgamiento de permisos a buques que empleen mayoritariamente mano de obra argentina, sean de construcción nacional y de menor antigüedad, y agreguen mayor valor al producto final. También establece parámetros para la asignación de cuotas de pesca, considerando factores como la cantidad de mano de obra nacional, inversiones realizadas en el país, promedio de toneladas de captura y número de productos pesqueros elaborados por buque.

Estos cambios propuestos reflejan una tendencia hacia la liberalización del sector pesquero en Argentina, con un enfoque en la maximización de ingresos a corto plazo a costa de la sostenibilidad a largo plazo y el bienestar de la industria pesquera nacional. La reforma parece ignorar las complejidades inherentes a la pesca, sus impactos ecológicos y las necesidades de las comunidades locales que dependen de esta industria.