España, en un esfuerzo por evitar desventajas competitivas para los puertos europeos, ha sugerido que las tasas de CO2 del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) de la Unión Europea, aplicadas al tráfico marítimo de mercancías, se graven a los contenedores en lugar de a los barcos.
De acuerdo con un informe de Europa Sur, un carguero que viaja de Shanghái a Algeciras, recorriendo unas 10,300 millas náuticas, debería pagar el 50% del CO2 que emita al proceder de un puerto fuera de la UE.
Sin embargo, España ha planteado que la normativa actual del ETS podría llevar a los transportistas a desviar sus operaciones a puertos no comunitarios en países como Argelia, Marruecos o el Reino Unido, generando una fuga de carbono y perdiendo tráfico en los puertos europeos.
El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, destacó durante su llegada al consejo de ministros de Transportes de la UE en Luxemburgo: “El efecto, obviamente, sería perverso, porque perderíamos tráfico en nuestros puertos sin con ello evitar las emisiones. El barco que se ubique en otro puerto para hacer sus tránsitos, es muy probable que no lo recuperemos”.
Las embarcaciones que cubren rutas dentro de la UE deben pagar el 100% del CO2 emitido, según el precio de mercado que proyecte el ETS. Aquellos que llegan a la UE desde otras jurisdicciones pagan el 50%. Sin embargo, la normativa permite que un buque atraque primero en Marruecos, sin tasa de emisiones, redistribuya los contenedores en barcos más pequeños y que estos paguen solo por el CO2 emitido en las últimas 15 millas náuticas hacia Algeciras.
En respuesta a este desafío, España ha propuesto que se grave el contenedor en lugar del barco. “Lo importante es de dónde viene el contenedor, qué recorrido ha hecho, qué pago de emisiones ha realizado en el camino y, por tanto, un cálculo y gravar esas emisiones. Creo que esa es la clave“, señaló Puente.
España ha planteado esta cuestión en la última reunión ministerial de diciembre y ha enviado una declaración escrita a los Veintisiete, suscrita por diez países. Además, ha solicitado que se debata el asunto en el próximo consejo de ministros europeos del ramo. El siguiente paso que sugiere Madrid es elevar el problema a la Organización Marítima Internacional (OMI) para que todo el tráfico de mercancías en el planeta pague impuestos climáticos.
El ministro Puente subrayó que España no cuestiona “la necesidad de gravar las emisiones” y considera que el compromiso medioambiental debe ser “muy contundente, muy claro, muy fuerte“. Sin embargo, insistió en la necesidad de “repensar probablemente el modelo para evitar esas fugas de carbono“.
España también aboga por un análisis detallado de los datos de los puertos para identificar posibles fugas de carbono y prever cambios en la normativa ETS antes de la revisión prevista para 2026.
En el contexto actual, los puertos españoles están experimentando un “crecimiento súbito” de hasta el 40%, debido a la absorción de trayectos que evitan el mar Rojo por la situación en Ucrania y prefieren rutas por el cabo de Buena Esperanza en el sur de África. Puente concluyó sugiriendo “repensar un poco la figura del ETS, pensando en gravar no tanto el barco sino el contenedor”, reforzando así el compromiso con la descarbonización y un diseño más eficaz del impuesto.
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