En una decisión que ha generado sorpresa en el sector pesquero, el Consejo Federal Pesquero (CFP) autorizó la asignación de una cuota social de 3.500 toneladas de langostino a la provincia de Río Negro para el año en curso.
Por Irene Ascoli
El Consejo Federal Pesquero ha establecido “una reserva social de 3.500 toneladas de langostino para ser asignadas por razones de máximo interés social a los buques que designe la Provincia de Río Negro, mediante comunicación expresa a la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.922”. Además, aclaró que no se aplicará el artículo 10 de las medidas de administración de la pesquería aprobadas por la Resolución CFP N° 7/2018 a esta asignación, aunque se mantendrán vigentes las demás medidas.
La votación resultó afirmativa por mayoría, contando con el apoyo de los cinco representantes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de los representantes de Santa Cruz y de la provincia solicitante. Sin embargo, las representaciones de Buenos Aires y Tierra del Fuego votaron en contra, mientras que Chubut se abstuvo.
La representación de la provincia de Buenos Aires justificó su voto negativo alegando que “una cuota social de este tipo, de este volumen y bajo esta instancia de declaración de emergencia pesquera para una provincia que no cuenta con una flota propia para su captura, con pocos barcos en condiciones de salir a la zafra de langostino y con pocas plantas en condiciones de procesar un recurso como el langostino, es por demás excesiva y contraproducente”. También argumentaron que esta medida podría perjudicar a la pesquería bonaerense, afectando a las flotas y plantas procesadoras con inversiones ya instaladas. La provincia de Tierra del Fuego también se opuso, mientras que el Secretario de Pesca de Chubut optó por abstenerse.
El sector langostinero expresó su asombro ante la rapidez con la que se tomó esta determinación, sin consultar previamente ni a la Comisión de Seguimiento ni al INIDEP. Como condición para esta asignación, se ha dispuesto que la descarga del langostino deberá efectuarse exclusivamente en los puertos de San Antonio Oeste y Este, y que las capturas deberán ser procesadas en plantas terrestres de la provincia.
Al respecto, algunos expertos han señalado que en Río Negro no existe actualmente la infraestructura industrial necesaria para procesar dicha cantidad de marisco, ni se cuenta con suficientes barcos operativos para realizar la pesca y descarga en los puertos provinciales. Argumentan que esta captura podría terminar siendo procesada en plantas de Puerto Madryn y Mar del Plata, dada la imposibilidad de manejar semejante volumen de langostino en apenas tres meses de temporada alta.
Por su parte, la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) cuestionó que la determinación se haya hecho sin la previa intervención y discusión en el seno de la Comisión de Seguimiento de la Pesquería de Langostino. Consideran que además de inconsulta, la medida provoca un innecesario “aumento del esfuerzo pesquero” sobre el recurso y no se condice con una política de manejo precautorio de la especie.
La entidad empresarial que preside Agustín de la Fuente mantiene la misma postura crítica, como oportunamente lo señaló respecto al polémico Fondo de Asignación para el Fomento Productivo (FAFP), creado en diciembre de 2022, que permitió la asignación discrecional de 5.000 toneladas anuales de cuota de langostino a un grupo de barcos hasta el año 2028, inclusive.
La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras advierte que esta concesión extraordinaria de 3.500 toneladas a Río Negro permitirá el ingreso de buques al caladero nacional sin historia de langostino en perjuicio y detrimento de la pesquería.
No obstante, CAPIP diferenció el cupo social que se les asignó a Chubut y Santa Cruz a modo de compensación por haber implementado una veda permanente de pesca de langostino dentro del golfo San Jorge, en favor de la pesquería, esfuerzo que ha permitido el crecimiento de la biomasa. El gobierno de Río Negro fundamentó su solicitud en la emergencia pesquera decretada en su jurisdicción, a raíz del colapso de las pesquerías en el golfo San Matías, que de acuerdo a representantes del sector fue por políticas de administración pesquera erráticas.
