Por Ariel Armero//
El nuevo decreto del gobierno nacional que establece un aumento del 40% en el peaje de la Hidrovía ha generado inquietudes en los sectores vinculados al comercio exterior. A pesar de que esta suba es menor al 60% que inicialmente se había propuesto, representa un fuerte impacto para los costos logísticos de puertos, navieras y exportadores, quienes ya venían manifestando su preocupación.
La medida, que entra en vigencia inmediatamente tras su publicación en el Boletín Oficial, actualiza las tarifas para los tráficos internacionales, llevando el costo por tonelada de registro neto (TRN) a u$d 4,30. Por otro lado, el peaje de cabotaje, que no se modificaba desde hace 22 años, subió de u$d 3,06 a u$d 4,30 ($824,80) por TRN, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y con revisiones trimestrales automáticas en adelante.
Este ajuste responde, según la Administración General de Puertos (AGP), a la necesidad de equilibrar los costos del servicio, que incluyen los gastos de mantenimiento y dragado de la vía troncal. El subsecretario de Puertos, Iñaki Arreseygor, explicó que la reducción del incremento inicialmente previsto fue posible gracias a la desestimación de dos factores: la propuesta de subir dos pies el dragado y la solución del desacople impositivo relacionado con el servicio de dragado.
Sin embargo, los usuarios de la Vía Navegable continúan expresando su rechazo al aumento del peaje. La principal preocupación radica en que, a diferencia de otras tarifas de servicios públicos, esta no cuenta con subsidios, y el incremento es destinado a cubrir el déficit del organismo estatal, que arrastra una deuda de más de 80 millones de dólares con la contratista belga Jan de Nul, encargada del dragado. Algunos proponen que el Estado, en lugar de trasladar el costo a los usuarios, emita bonos para cubrir esta deuda, similar a lo que sucedió con las empresas energéticas.
El debate sobre la tarifa se inscribe en una discusión más amplia: la futura licitación de la hidrovía. El gobierno ha prometido avanzar con este proceso antes de fin de año, con pliegos listos para diciembre, lo que podría cambiar el esquema actual de gestión estatal.
En paralelo, la AGP ha alcanzado un acuerdo con las navieras paraguayas para resolver un conflicto que llevaba más de un año. Este convenio establece un nuevo esquema tarifario que normaliza los pagos para el tramo entre Santa Fe y Confluencia, con tarifas significativamente reducidas respecto de las que habían sido fijadas inicialmente.
Mientras tanto, los exportadores industriales se muestran preocupados por el efecto del aumento del peaje en sus costos operativos, tanto para la exportación de sus productos como para la importación de insumos, en un contexto económico ya complejo.
