Organizaciones ambientalistas de Río Negro expresaron su preocupación ante la posible instalación de un barco de licuefacción de gas natural (FLNG) en el Golfo San Matías, alertando sobre sus consecuencias ambientales y cuestionando sus supuestos beneficios económicos para la región.

En un comunicado conjunto, la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas, la Multisectorial Golfo San Matías y el Observatorio Petrolero Sur destacaron que “las promesas son muchas, pero las mejoras económicas y sociales no serán tantas. En cambio, se pone en juego la biodiversidad y actividades económicas actuales como el turismo, la pesca y la recolección de mariscos y pulpos”.

Los ambientalistas señalaron que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) entregado por la empresa Southern Energy S.A., una subsidiaria de PAE, contiene más de 3,000 páginas escaneadas como imágenes, lo que dificulta su análisis. Además, denunciaron que la información es reiterativa y presenta datos de manera fragmentada.

El proyecto prevé instalar una unidad flotante de licuefacción de gas natural con capacidad para producir 2.4 millones de toneladas de GNL por año, equivalente al consumo de 4 millones de hogares. Sin embargo, advierten que la región carece de la infraestructura sanitaria y de fiscalización necesaria para controlar una operación de tal magnitud.

“Los derrames de hidrocarburos podrían afectar áreas protegidas y especies como ballenas, lobos marinos, toninas y delfines. Además, el enfriamiento del gas se realizará con agua de mar, que será devuelta con una temperatura superior en hasta 7ºC, alterando el ecosistema marino”, alertaron.

Respecto a la creación de empleo, desestimaron los anuncios de puestos laborales, afirmando que el barco operará con una tripulación extranjera compuesta por 160 personas. “Las oportunidades laborales indirectas son inciertas y no garantizan un impacto significativo en la economía local”, indicaron.

También criticaron el régimen fiscal especial del proyecto, que incluye exenciones impositivas y estabilidad legal por 30 años. “Las petroleras no han derramado riqueza en los territorios donde se asientan. Este proyecto es un ejemplo más de extractivismo que saquea nuestros bienes comunes y condena a la región a convertirse en un territorio de sacrificio”, concluyeron.

Las organizaciones pidieron mayor transparencia, consultas previas a las comunidades indígenas y el respeto por el sitio sagrado mapuche “Chenque”. “Nos oponemos a proyectos que atenten contra la vida y el ambiente, comprometiendo el desarrollo genuino y sostenible de nuestra región”, afirmaron.