Por Ariel Armero, Globalports//
El 6 de enero de 2025 marcó oficialmente el inicio de operaciones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), acompañando una importante reestructuración en la gestión portuaria y de las vías navegables del país.
Creada mediante el Decreto 3/2025, esta nueva entidad centraliza competencias bajo el ámbito del Ministerio de Economía, disolviendo la histórica Administración General de Puertos (AGP SAU) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Si bien la medida promete optimizar recursos y modernizar la administración, su implementación enfrenta tanto expectativas como dudas.
El desafío para la ANPYN y su director ejecutivo, Iñaki Miguel Arreseygor, no es menor: demostrar que esta centralización administrativa puede traducirse en una gestión más eficiente, transparente y alineada con las necesidades del comercio internacional y el desarrollo logístico del país.
Arreseygor tiene ahora la tarea de elaborar un plan estratégico que priorice inversiones claves y establezca indicadores de gestión que permitan evaluar el impacto de las políticas implementadas.
Algunos analistas sugieren que este podría ser el momento ideal para establecer un nuevo paradigma, integrando innovación tecnológica y estándares internacionales en la administración portuaria y de las vías navegables. Sin embargo, el camino hacia este objetivo no será sencillo.
La próxima apertura de sobres para la licitación de la Vía Navegable Troncal se perfila como una prueba de fuego para la ANPYN. Este proceso, crucial para el comercio exterior argentino, exigirá que el nuevo organismo equilibre intereses económicos, políticos y sociales. Además, deberá construir la confianza necesaria en un sector vital para la economía nacional, que históricamente ha enfrentado tensiones y desafíos estructurales.
En ese sentido cabe recordar que el proceso licitatorio arranco con una serie de criticas de algunas de las dragadoras que se sintieron perjudicadas o excluidas del llamado, que derivaron en presentaciones en el expediente y, mas recientemente, una presentación de los Paises Bajos, a traves de la embajada en Argentina, en la que critican los breves plazos para presentar ofertas, el elevado costo de las garantìas exigidas y el pago de la deuda de la AGP con el concesionario actual, algo calificado de “muy inusual” y que encarecerá la concesión.
El Gobierno ha señalado que la creación de la ANPYN busca corregir los excesos administrativos y la duplicidad de funciones observados en la AGP, mientras se reducen costos mediante la eliminación de áreas consideradas redundantes. Según datos trascendidos, el traspaso de activos incluye bienes valuados en aproximadamente USD 230 millones y órdenes de compra pendientes por USD 30 millones, además de una reducción prevista del 79% en la planta de personal. Estas cifras, significativas en términos de ajuste, generan preguntas sobre el impacto social y operativo de la transición.
En este contexto, la ANPYN tiene bajo su responsabilidad no solo la gestión de puertos y vías navegables, sino también la fiscalización de servicios, la administración de concesiones y la promoción de proyectos estratégicos. Esto exige una estructura eficiente, y también una visión clara que integre a todos los actores del sector.
La centralización de competencias representa una oportunidad única para fortalecer el sistema portuario y de navegación en beneficio de todos. Sin embargo, será clave demostrar que este cambio no se limita a un nuevo nombre o estructura administrativa.
Todavia nada se sabe sobre la implementación efectiva de políticas, el respeto a los estándares internacionales y la construcción de un diálogo transparente con el sector privado, los trabajadores y la sociedad, cuestiones que serán fundamentales para alcanzar los objetivos planteados.
El éxito de la ANPYN no depende solo de las intenciones expresadas en el decreto, sino de su capacidad para generar cambios tangibles que impulsen el comercio exterior, modernicen la infraestructura y beneficien a todos los actores involucrados.
