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El Consejo Federal Pesquero (CFP) de Argentina aprobó la autorización para que el buque británico RRS James Cook realice actividades científicas en aguas jurisdiccionales argentinas, generando un intenso debate en torno a la soberanía, la gestión de recursos marítimos y el impacto ambiental en la región. Las actividades están previstas entre el 26 y el 30 de diciembre de 2024, y del 2 al 30 de enero de 2025.
La aprobación, que no contó con unanimidad en el CFP, ha reavivado las tensas relaciones sobre el uso de los recursos marítimos en áreas vinculadas a las Islas Malvinas y sus aguas circundantes.
Las provincias de Chubut y Buenos Aires manifestaron su enérgico rechazo, alertando sobre el posible impacto de los cañones sísmicos en la ruta migratoria de la ballena franca austral, una especie protegida y emblema de la biodiversidad local.
Mientras tanto, el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ha sido criticado por no emitir aún un repudio público frente a esta decisión. Las preocupaciones incluyen el posible daño al hábitat de esta especie, derivado de las actividades de mapeo del lecho marino.
El CFP estableció que las investigaciones científicas deben cumplir estrictamente con las normativas ambientales nacionales e internacionales, y demandó que los datos recolectados sean entregados al Estado argentino antes de su divulgación pública, en línea con los principios de transparencia y acuerdos internacionales sobre la gestión de recursos marinos.
Además, subrayó la necesidad de observar las disposiciones de los artículos 9° y 23 de la Ley 24.922, que regula la investigación en aguas jurisdiccionales del país.
El INIDEP, aunque no contará con un observador a bordo del RRS James Cook, designó un referente institucional para recibir los datos recolectados.
En tanto, la Cancillería Argentina confirmó la presencia de un observador de la Armada Argentina, así como de investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quienes supervisarán los protocolos de estudio de la fauna marina, con especial atención a la ballena franca austral.
La controversia plantea un desafío para Argentina en la gestión de su soberanía y recursos marítimos, así como en la protección de su patrimonio ambiental.
El seguimiento de las actividades científicas y la publicación de sus resultados serán clave para evaluar el impacto de esta decisión y garantizar el cumplimiento de las normativas que protegen a especies clave y el ecosistema marino.
