A Uruguay “se le va la vida” en lograr los 14 metros de profundidad en el acceso al Puerto de Montevideo. Esa es la consigna con la que trabajan el gobierno nacional, las autoridades portuarias y varias empresas marítimas. Llegar a ese número -actualmente está en 12 metros y Argentina habilitó hasta 13- implicaría al país el ingreso de millones de dólares, estiman en el Poder Ejecutivo, además de que si no se logra el país podría someterse a multas.
Lo que sucede es que el plan de obras está supeditado a la autorización de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). Hoy Uruguay solo tiene permitido dragar a 13 metros, y cuando se suponía que llegar a los 14 no iba a significar un conflicto, llegó una carta formal a la delegación uruguaya en la CARP recordando que el límite es 13.
Uruguay, sin embargo, entiende que si los argentinos ya analizaron y dieron la autorización para que se drague a 13 metros, no debería existir problema en autorizar llevar esa profundidad un metro más. Pues lo que se analiza es si las tareas de dragado entorpecen la circulación en el canal.
De todos modos, las autoridades uruguayas son conscientes que el relacionamiento con Argentina no atraviesa su mejor momento diplomático, dadas las diferencias entre el presidente argentino Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou por la flexibilización del bloque en la pasada cumbre del Mercosur.
La estrategia del gobierno, entonces, es poder tener “una moneda de cambio” por si Argentina se pone reticente. Y esa moneda de cambio es el canal Magdalena. En un inicio Uruguay manifestó interés en coparticipar en ese canal, pero esto luego fue descartado. El 30 de mayo de 2018 el entonces representante en la CARP, Felipe Michelini, agradeció la autorización de argentina para que Uruguay pueda comenzar a dragar el canal de acceso al Puerto de Montevideo. Inmediatamente de dejar constancia de la notificación que validó los 13 metros de profundidad, dio a conocer la nueva disposición de la cancillería de Rodolfo Nin Novoa de “renunciar” a la construcción del Canal Magdalena, según consta en las actas de la CARP a las que accedió El País.
El actual gobierno argentino aceleró los planes de obra para la realización de ese proyecto marítimo, por lo que deberá enviar información de impacto ambiental a la delegación uruguaya para su estudio. Hasta que Uruguay no dé su visto bueno no se pueden comenzar las obras. Por eso la intención de las autoridades locales es presentar el proyecto de dragado a 14 metros y que estén a consideración de la CARP al mismo tiempo.
En términos sencillos, Uruguay supeditará esa autorización -si es que la documentación ambiental entregada por Argentina colma las expectativas- al permiso para llevar la profundidad del ingreso al puerto a 14 metros, lo que es una consideración central establecida en el contrato entre la empresa finlandesa UPM y el Estado uruguayo. De lo contrario el gobierno se expondría a multas.
El representante en la CARP de Uruguay, Alem García, en tanto, envió ayer una carta formal a su colega argentino, Diego Tettamanti, pidiéndole que si van a avanzar con la construcción del Canal Magdalena, Uruguay tiene el interés de administrar el Canal Punta Indio, lo que ahora hacen los argentinos.
Esto también es clave para el Estado uruguayo ya que se trata de una vía estratégica para permitir la navegabilidad hacia el sistema de puertos nacionales. Fuente: El País, Uruguay