El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha aprobado este viernes el proyecto para la construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte con un presupuesto base de 542,7 millones de euros.

La compañía italo-suiza TIL, filial de MSC, invertirá por su parte 1.021 millones para levantar la terminal de contenedores y explotarla en régimen de concesión, que se ubicará en aguas interiores del dique de abrigo de la ampliación norte y será la cuarta terminal del Puerto de Valéncia.

La iniciativa supondrá una inversión público-privada de 1.564 millones de euros para dotar al recinto valenciano de la terminal de contenedores más sostenible y moderna del mundo, modélica con el medio ambiente, donde el origen de la electricidad será 100 % de fuentes renovables, que permitirá el suministro eléctrico a los barcos en puerto y contará con una clara apuesta por el ferrocarril, informa la APV.

La nueva terminal reforzará la posición de Valenciaport en el Mediterráneo y su labor de empresa tractor al servicio de la actividad económica española. Según ha dicho el presidente de la APV, Aurelio Martínez, tras la aprobación del proyecto, se trata de la mayor inversión realizada en el puerto valenciano y probablemente la mayor en puertos españoles.

El proyecto aprobado, que ha contado con los votos favorables de los consejeros excepto del alcalde de València, Joan Ribó, y del secretario autonómico de la Vicepresidencia, Iván Castañón -ambos de Compromís-, se elevará al Consejo de Ministros, dado que se trata de una iniciativa que conlleva una inversión pública superior a los 12 millones de euros.

El puerto ha comenzado a preparar ya el documento de licitación de las obras y a trabajar para cumplir las 21 condiciones establecidas por la Dirección General de Costas en el informe de Compatibilidad con la Estrategia Marina, favorable al proyecto con esas observaciones.

Martínez ha argumentado que el informe de la Abogacía del Estado con el que cuenta el proyecto es “la columna vertebral jurídica de la administración del Estado” y ha afirmado que la nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se ha pedido desde hace años desde el ámbito social y político tenía como único objetivo dilatar el proceso ya que una DIA simplificada tarda unos cinco años. Y ha añadido que una empresa privada, en referencia a TIL, “no puede esperar” ese tiempo para una inversión como la prevista.

Asimismo, ha asegurado que, consecuencia de la subida del coste generalizado de los precios, el coste del proyecto sobrepasará las cifras previstas inicialmente.

También ha destacado que el informe sobre la afección a la Albufera elaborado por la Universitat Politècnica de València a petición de la APV señala que las obras no implican modificación de las condiciones del entorno natural ni de la dinámica litoral al ser obras interiores, y por ello no implica riesgo para las playas del sur de València.

Al respecto, el director de la APV, Francesc Sánchez, ha señalado que está garantizado que la construcción del proyecto no va a producir afectación a la Albufera y en todo caso el plan de vigilancia ambiental controlará que así sea, y ha insistido en que no era necesaria ninguna tramitación ambiental “adicional” a la DIA de 2007.

Entre las condiciones que establece la Dirección General de Costas sobre el proceso de dragado para relleno del dique, indica que no se ha analizado con suficiente detalle que pudieran aparecer arenas aptas para regenerar playas y por eso el puerto ha dado instrucciones para que se realicen trabajos adicionales de sondeos y en caso de que surgieran arenas aptas para playas, ponerlas a disposición de la Dirección General para que disponga su aportación a la playas.

Como posible fuente para el relleno, la Dirección General de Costas indica que no se puede utilizar arena de una zona concreta de Cullera pero puede haber otras que podrían servir.

En este caso, la Dirección General tramita una DIA para poder definir como banco de arena integral toda la zona de Cullera, lo que permitiría al puerto la extracción de arena de ese yacimiento; en caso contrario, acudiría a aportes de materiales de derribo como los procedentes de las obras del túnel pasante u otras obras del entorno.

El informe de la Dirección General de Costas también pone condiciones sobre procesos constructivos y materiales que, o bien se contemplarán en los pliegos de condiciones de la licitación, o se añadirán al plan de vigilancia ambiental.

Respecto a la movilidad que genera el puerto, su director ha asegurado que en los últimos cinco años se ha duplicado la cuota del ferrocarril y el objetivo es seguir aumentando esa cuota con la terminal norte.

La nueva terminal podrá albergar 5 millones de contenedores en una superficie de 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, y contará con diseño, tecnologías y equipamiento de última generación en una instalación totalmente electrificada que minimizará la emisión de CO2.

La polémica

La nueva terminal norte de contenedores del puerto de Valencia se ubicará en las aguas interiores de la ampliación norte del Puerto de Valencia, acabada en 2012. Según el proyecto presentado por TIL (filial de MSC), la terminal dispondrá de una estación ferroviaria con seis vías de 1.000 metros de longitud y capacidad para mover 305.000 teus anuales y el 98% de la energía necesaria para el funcionamiento de la terminal será eléctrica, procedente de fuentes renovables. La inversión público-privada asciende a 1.400 millones de euros.

La obra ha sido muy discutida por partidos políticos como Compromís y Unides Podem, plataformas ciudadanas como Port-Ciutat y la federación se asociaciones de vecinos de la capital, mientras el PSPV, PP, Ciudadanos, la patronal y la cámara de comercio o el sindicato UGT-PV la defienden; algunos con matices, otros sin ellos.

“Si no hay una Declaración de Impacto Ambiental, no contará con mi apoyo”, ha reiterado el alcalde de Valencia y miembro del consejo del puerto, Joan Ribó. El primer edil insiste en que “desde un punto de vista jurídico” hay “elementos de debilidad importantes que nos pueden dejar en una situación muy complicada en un futuro”. “No podemos hacer una obra de tanta importancia, con tanta afección a las costas y con tanta posible afección a la movilidad, sin todos los elementos de seguridad jurídica”, asegura Ribó, que ha puesto de ejemplo la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido el desarrollo del puerto de Valencia “para ser ese gran puerto del Mediterráneo que es” pero “con un equilibrio medioambiental”. “Hay que hacer las cosas bien y hay que respetar todos los criterios ambientales para que no se produzca ningún tipo de efecto negativo”, ha aseverado. “Se está avanzando para que una infraestructura que ya se hizo y en la que se ha invertido muchísimo dinero pueda ser útil para la economía y el empleo, siempre teniendo en cuenta el impacto medioambiental”, ha apuntado el responsable autonómico, que insiste en que se cumplan las condiciones exigidas en el informe de Transición Ecológica.

Dirigentes de asociaciones empresariales valencianas han recibido también este último informe como una “gran noticia”y han reiterado su apoyo a una infraestructura que, a su juicio, supone “la mejor posibilidad de crear empleo y empresas”, ha defendido el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro. En parecidos términos se ha expresado el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata.

El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, apoya la ampliación portuaria y considera “una buena noticia” este avance en una infraestructura “varada durante mucho tiempo”. “Si cumple con las exigencias medioambientales, según los informes y decisiones de quien tiene las competencias para ello, no hay nada que oponer”.

La Federació d’Associacions Veïnals (FAAVV) de València ha hecho pública su contrariedad porque no se conozca el contenido del informe. “La ampliación del puerto no puede llevarse a cabo en estas condiciones; la cuestión medioambiental sigue sin resolverse y, en este contexto, no se puede continuar con esta política de hechos consumados”, ha denunciado la presidenta, María José Broseta.