El Juzgado Federal Nº11 de Ushuaia, que tramita la causa por daño ambiental en un proceso colectivo, ha dictado el embargo definitivo del buque Tai An.
La resolución considera que los demandantes han “resultado víctimas de un hecho antijurídico, ilícito, cuasi delictual”. En la resolución se establece: “Decreto el embargo sin monto y de conformidad con lo considerado en esta resolución en cuanto a su alcance, del buque Tai An”, según lo señala el Juzgado Civil y Comercial Nº 11.
Para llegar a esta resolución, la Fiscalía Federal de Ushuaia, a cargo del fiscal federal subrogante Pablo Mansilla y con la colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), solicitó investigar las actividades ilegales realizadas por un buque Tai An, que fue interceptado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) el 21 de marzo pasado en jurisdicción del Mar Argentino. La indagación buscaba determinar el posible daño ambiental causado por la captura ilegal de ejemplares jóvenes de merluza negra.
Dentro de las medidas, el fiscal solicitó al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDIEP) que remitiera todos los informes sobre la actividad del buque, especialmente durante la marea de pesca del 4 de febrero al 11 de marzo de este año. La fiscalía pidió cuantificar y describir el daño ambiental y determinar si este es reversible.
Además, Mansilla pidió a la PNA que remitiera copia certificada de todas las actuaciones administrativas relacionadas con el buque, que informe sobre sus propietarios y, si es una sociedad anónima, quiénes constituyen su directorio. También pidió informar si el buque tenía habilitación para operar entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de este año. Por último, la fiscalía solicitó que se convoque a prestar declaración testimonial al funcionario público que estuvo a cargo de la constatación de la mercadería a bordo del buque el 21 de marzo de 2024 en Ushuaia, para que relate lo sucedido aquel día.
La causa se inició el 31 de marzo tras una denuncia anónima enviada por correo electrónico a la PNA, solicitando la investigación de un posible daño ecológico, más allá de las sanciones administrativas por violación a la Ley Federal de Pesca. La denuncia indicaba que en un control realizado sobre el buque en el puerto de Ushuaia se había demostrado la captura ilegal de merluza negra, sin respetar el tamaño de los ejemplares juveniles.
La fiscalía, con la colaboración de la UFIMA, determinó que el buque pesquero habría capturado más toneladas de merluza negra de las permitidas y había utilizado una red de arrastre de fondo a profundidades cercanas a los 450 metros. Se sostuvo que esta actividad resultó en la captura de una proporción de juveniles de merluza negra superior al límite establecido por la normativa vigente.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) señaló que, según el acta de constatación del 21 de marzo, durante la apertura de cajas y bolsas del pesquero se observó que algunos envases tenían un rótulo que no coincidía con su contenido. En ese momento, la fiscalía solicitó medidas para confirmar y determinar la magnitud del daño ambiental ocasionado, cuantificarlo y establecer si existen medidas para reparar el daño causado en relación con la pesca de merluza negra en la zona económica exclusiva de Argentina.
La captura de ejemplares jóvenes de merluza negra tiene un significativo impacto ambiental, ya que estos peces no han alcanzado la madurez necesaria para reproducirse y contribuir al sostenimiento de la especie. La pesca indiscriminada de juveniles puede llevar a una drástica reducción de la población de merluza negra, afectando no solo el equilibrio del ecosistema marino, sino también la sostenibilidad de la pesca a largo plazo.
