La Federación de Acopiadores, en conjunto con Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA), enviaron una carta al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, manifestando su profunda preocupación por los costos adicionales que enfrentan los transportistas de granos para acceder a los puertos ubicados sobre el Río Paraná.
Las entidades agrarias han señalado que los llamados “peajes” presentados como tasas viales podrían estar generando un costo anual de hasta $25.000 millones, sin que se vea reflejada esta recaudación en mejoras en los accesos a los puertos. Argumentaron que la mayoría de los caminos que conducen a los puertos están en condiciones precarias, lo cual afecta la eficiencia y la competitividad del sector agroexportador.
En la carta dirigida al gobernador Pullaro, las entidades instaron a ejercer las atribuciones constitucionales necesarias para resolver esta situación, haciendo referencia específica a los artículos 62 y 72 de la Constitución Provincial, que establecen los deberes y facultades del gobierno provincial en materia fiscal y de infraestructura.
Según lo expresado en la carta, los ingresos generados por estos “peajes” no se destinan adecuadamente al mantenimiento vial necesario para los transportistas de granos. Afirmaron que una parte significativa de estos fondos estaría siendo desviada hacia las rentas generales de algunos municipios, sin que se rindan cuentas claras sobre su destino conforme a la ley.
Las entidades agrarias también manifestaron su inquietud por la resistencia de algunos alcaldes a resolver este problema, aparentemente motivados por mantener una recaudación considerable sin justificación suficiente en mejoras viales efectivas. Señalaron que estos cobros desproporcionados podrían constituir una vulneración de la Carta Orgánica de Municipalidades, reforzando el llamado a Pullaro para que tome medidas urgentes y asegure condiciones equitativas para el transporte de cereales hacia los puertos del Río Paraná.
En este contexto, los representantes del sector agrario pidieron al gobernador actuar con celeridad para evitar cualquier obstáculo administrativo que afecte la descarga de granos en las terminales portuarias. Reiteraron que estos cobros no se justifican como “tasas viales legítimas”, sino que constituyen “excesos insuperables de las autoridades locales de menor rango”.
Según afirman, estas prácticas no solo impactan negativamente en la operatividad del comercio agroindustrial, sino que también representan “una clara violación a las cláusulas constitucionales que rigen el libre comercio dentro del país”.
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