El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el Presidente Javier Milei, junto con el proyecto de la “ley ómnibus” presentado al Congreso, ha desatado una ola de inquietudes y críticas en varios sectores de la sociedad argentina. En particular, la desregulación del Régimen Federal de Pesca ha causado preocupación y alarma, en sector pesquero y en la industria naval argentina.
Por Ariel Armero
El sector pesquero, íntimamente ligado a la industria naval, también ha expresado su alarma. Se teme que la “ley ómnibus” provocará una reducción significativa en las fuentes de empleo. La preocupación no se limita a las implicaciones económicas, sino que también se extiende a las consecuencias constitucionales y legislativas de estas medidas.
Sandra Cipolla, en su doble rol como Presidenta de SPI Astilleros y de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), subrayó la importancia de adherirse a los principios constitucionales y legislativos, argumentando que las acciones del gobierno actual parecen desviarse de estas normas fundamentales.
“Estamos conmocionados y profundamente preocupados. Cada punto del DNU va en detrimento del trabajo de los argentinos”, aseguró la presidenta de ABIN en una entrevista con Canal 8 y agregó que el DNU “está barriendo todo lo que es soberano. Vamos a acompañar a la pesca absolutamente porque le debemos lealtad y crecimiento. Tenemos que defenderla porque a la industria naval argentina nos ha permitido generar desarrollo y empleo“.
Cipolla en conversación con Radio Brisas recordó que la industria naval tiene un vínculo directo con la actividad pesquera, “es un sector que ha sido cimiento de nuestro desarrollo productivo y que hayamos podido generar empleo, con estándares nacionales, es preocupante por lo que viene” y aseguró: “Sin pesca la industria naval no existe”.
La Presidenta de ABIN, manifestó que estas medidas son perjudiciales para el desarrollo industrial argentino, argumentando que el DNU 70/2023 y el proyecto de la “ley ómnibus”, no solo atenta contra la soberanía nacional, sino que también pone en riesgo el trabajo y la industria naval, un sector clave para el crecimiento económico y la generación de empleo en el país. Además enfatizó las repercusiones para la ciudad de Mar del Plata, dada la relevancia de la pesca y la industria naval.
Por su parte, Domingo Contessi, presidente del Astillero Naval Federico Contessi y Cia., también expresó su profundo malestar con los cambios propuestos en el Régimen Federal de Pesca, describiéndolos como “nefastos” y contrarios a los intereses de la industria naval. Contessi argumenta que la reforma propuesta “no solo es fiscalmente miope, sino que también amenaza con desincentivar las inversiones y el empleo, aspectos vitales para la salud económica del sector”.
“El recurso pesquero no es de las empresas pesqueras, ni siquiera es del Estado. Le pertenece a todos los argentinos y para que esa riqueza derrame en la mayor cantidad de argentinos la mejor forma de distribuirla es a través de la industria. Por ello en la asignación inicial de cuotas se tuvo en cuenta las inversiones realizadas, el empleo generado, la historia de capturas y el grado de procesamiento. Borrar todos esos parámetros y sustituirlos solo por quien más dinero ofrece es disparatado” expresó el presidente del Astillero Contessi.
Fernando Muro, secretario de Desarrollo Local de Mar del Plata, también manifestó su preocupación por la posibilidad de que las flotas extranjeras operen en aguas argentinas sin regulaciones adecuadas, lo que podría resultar en un daño irreparable tanto para el empleo local como para la industria pesquera y naval.
“Permitir que flotas extranjeras operen en nuestro mar sin ningún tipo de regulación pone en peligro el trabajo de muchas familias. Además dañaría la industria naval de nuestra región, amenazando nuestro lugar como líderes en fabricación de buques“, dijo Muro.
También se pronunció la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata mediante un comunicado en el que expresa “Su profundo rechazo a la modificación de la Ley Federal de Pesca incluía en el Proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los Argentinos”
La CIN considera “que dicha modificación surge del desconocimiento de un sector que genera no solo empleos en su etapa extractiva, sino en toda la cadena de valor de la cual nuestra industria Naval es parte.”
Los industriales marplatenses aseguran que si bien la medida entraría en vigencia cuando el proyecto de Ley sea aprobado en el Congreso ya está causando efectos negativos, efectivamente la mera difusión de estas intenciones ha generado ya suspensión de contratos y el inicio de nuevas construcciones para renovar la flota nacional.
Por su parte, la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) se quejó de la falta de diálogo con “un gobierno que aún no tiene designado al subsecretario de Pesca”
La legislación actual da prioridad a los buques de construcción nacional, de menor antigüedad y a aquellos que generan valor agregado, especialmente si emplean una mayor proporción de mano de obra argentina. Sin embargo, los cambios propuestos por el gobierno libertario eliminarían estas normas de protección laboral, permitiendo que las habilitaciones no diferencien por origen del buque, antigüedad o mano de obra utilizada.
Además, la Ley de Pesca actualmente asigna cuotas de pesca basadas en los mismos criterios. En contraste, la reforma promovida por Milei establece que las cuotas de captura se otorguen a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas al mejor postor, lo cual favorecería a empresas extranjeras y alteraría significativamente el escenario actual de la industria pesquera argentina.
