Por Agustin Barletti //

A siete días hábiles de finalizar la concesión, el silencio del gobierno respecto a los pasos a seguir empaña la trascendencia de esta vía de navegación troncal por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas.

Hace 11 años se sabe que el contrato de concesión de la hidrovía vence el 30 de abril de 2021. Pasó la última parte del primer gobierno y toda la segunda presidencia de Cristina Kirchner, luego transcurrió el mandato de Mauricio Macri y finalmente, casi un año y medio de la actual gestión. Poco se hizo para llegar con los papeles en regla. La principal salida de las exportaciones argentinas se merecía al menos eso de parte de un estado nacional que engrosó sus arcas con las millonarias retenciones a las exportaciones recibidas durante todos estos años gracias en parte a una hidrovía profunda y señalizada las 24 horas del día y los 365 días del año.

Esta obra, con dragado de apertura y mantenimiento, arrancó hace 25 años y desde entonces muestra una intachable solvencia técnica. En 1995, los buques desde Rosario salían con 22.000 toneladas de carga y hoy lo hacen con 47.000. En aquél momento la capacidad de molienda de la Argentina era de 50.000 toneladas por día en todas las fábricas aceiteras y hoy se alcanzaron las 200.000 toneladas. Su continuidad en el tiempo explica las grandes cosechas que se fueron alcanzando, ya que el campo pudo cultivar más sabiendo que tenía una vía de salida eficiente de sus productos hacia el mundo. Explica también los más de u$s 6.000 millones de inversiones privadas en el racimo de terminales portuarias privadas que va desde Arroyo Seco hasta Timbúes, sobre el Paraná.

A días del vencimiento de esta concesión, todos esperan alguna decisión gubernamental que calme a un sector productivo y logístico desorientado ante tan largo silencio. Algo tendrá que decir el ministro de Transporte Mario Meoni el próximo 26 de abril, cuando se desarrolle la reunión del Consejo Federal de la Hidrovía. Y seguramente dirá lo que todo el mundo ya sabe y espera: habrá prórroga para el actual concesionario hasta que se elaboren los pliegos, se licite y se adjudique la obra. El tiempo que llevará tal trámite es un interrogante que al parecer ya dilucidó el artículo cuarto del decreto 949/2020 que puso en marcha la nueva licitación de la hidrovía. El mismo autoriza al Ministerio de Transporte a adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la continuidad de la navegación de la hidrovía hasta que el nuevo concesionario asuma la operación del servicio. Teniendo en cuenta el tiempo necesario para lleva a cabo un proceso tan complejo, los retrasos producto de la pandemia, y la delegación de facultados al ministerio por dos años, el decreto posibilitaría extender la actual concesión hasta diciembre de 2022.

Los plazos calzarían a la perfección: un estudio ambiental del nuevo canal llevaría como mínimo 18 meses y además el nuevo operador debería tomar la concesión luego de haberse levantado la cosecha, para evitar eventuales dificultades. Si la cosecha culmina en junio o julio 2022, que el operador que surja de la licitación tome las riendas de la concesión entre octubre y diciembre de ese año figura más que razonable.

Mientras tanto, distintos actores y sectores aportan su grano de arena en la discusión con las ventajas y contras del caso. Siempre es buena la suma de ideas, pero también se sabe que cuantos más se sienten en la mesa, más largo será el proceso de toma de decisiones. A los más de 60 participantes del Consejo Federal de la Hidrovía ahora se sumó el Congreso Nacional que trabaja en el armado de una comisión bicameral de seguimiento,

y algo parecido se está gestando en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. La Federación Argentina de Yachting, pidió formalmente el dragado del canal que vincula a los clubes náuticos, postura que apoyó la Cámara de Constructores de Embarcaciones Livianas (Cacel). Río Feminista, articulación de mujeres y organizaciones que viven en el cauce del Delta del Paraná, también solicitó ser tenida en cuenta, y lo mismo ocurre con una infinidad de municipalidades situadas a la vera del río.

Si el gobierno no mete manos a la obra de inmediato, tampoco alcanzarán los dos años de plazo previsto en el decreto 949, de los cuales ya se evaporaron casi cinco meses.

Fuente: Transport & Cargo, El Cronista