El lunes hubo operativos judiciales en las empresas dragadoras. Los usuarios de la vía navegable temen que el embrollo judicial postergue las necesarias y urgentes inversiones

Por Mariano Galíndez *

Los operativos de la Justicia federal realizados el lunes en las oficinas de las empresas dragadoras que pujan por contratos en la hidrovía generaron preocupación en los principales usuarios de la vía navegable, como puertos y agroexportadores, que temen que la senda de judicialización y conflicto que se está transitando profundice el retraso de las inversiones para mejorar la navegabilidad de la principal ruta de salida de las agroexportaciones.

En efecto, hay temor de que la concreción de las urgentes mejoras que necesita la navegación se demore tanto que al final no cambie nada hasta la llegada del próximo gobierno, quedando entonces como herencia de la gestión de Alberto Fernández la misma infraestructura que recibió, pero con el cobro del peaje en manos del Estado.

Ayer a media mañana la cotidianeidad de las oficinas de las dragadoras fue alterada por la inesperada y sorpresiva presencia de fuerzas de seguridad.

 No se trataban de allanamientos sino de requerimientos judiciales de de documentación y sólo si las empresas no los cedían recién allí intervenían las fuerzas.

El operativo lo manejaba el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien investiga irregularidades en el proceso de licitación de mantenimiento del dragado de la hidrovía que lleva adelante la Administración General de Puertos (AGP), un proceso que quedó abortado tras denuncias cruzadas entre oferentes.

Los operativos se realizaron todos en Buenos Aires: Av. Corrientes 316, 2º piso, de (Compañía Sudamericana de Dragados S.A, de la belga Jan de Nul, actual dragador de la hidrovía), Cerrito 1070, piso 8º y en Av. Córdoba 991, 6º piso, Dpto. “A” (Dredging International NV Suc. Arg. y Dredging International Argentina S.A), Reconquista 609, 5º piso (CCCC Shanghai Dredging), Ramón Castillo 750 (Servimagnus S.A), Luis García Nro. 695, 9º piso (Rohde Nielsen A/S Sucursal), Corrientes 316, 1° y 3° pisos (Emepa, acutal balizadora de la hidrovía) y en Reconquista 559, 5º piso (Boskalis International B.V. Sucursal Argentina). Además se libraron órdenes de presentación para el responsable de la AGP.

Según se informó en todos casos, los requerimientos fueron sin incidentes. Con todo, la realización del operativo generó mucha preocupación en las empresas y activó llamadas y gestiones con diplomáticos y casas matrices en el exterior, ya que en su mayoría son firmas globales con reputaciones que cuidar.

Hay dos líneas de investigación que convergen en las oficinas del fiscal. Por un lado, la denuncia de la Coalición Cívica por presuntas maniobras para favorecer al consorcio internacional CCCC -comandado por la empresa china Shanghai Dredging Company- en la licitación para el mantenimiento del dragado hasta fin de año, empresa que fue descalificada en el análisis técnico (al igual que todas las empresas que competían menos Jan de Nul, que había quedado así corriendo en soledad para quedarse con el contrato), en una licitación que luego fue anulada por razones que todavía están en el terreno de la controversia.

Y la otra es la presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige Sergio Rodríguez, que advirtió sobre graves irregularidades en el desarrollo del proceso de esa licitación. Esa investigación de la PIA incluyó además recomendaciones sobre cómo llevar adelante la próxima licitación pública, por lo que la licitación del mantenimiento del dragado quedó ahora en total revisión y sin fecha cierta de ejecución.

Precisamente, a exportadores y puertos les preocupa que el embrollo en que quedó envuelta la hidrovía (con denuncias judiciales, cruces empresarios y plazos incumplidos) siga postergando las inversiones que necesita el sistema de navegación troncal.

Y cuanto más se traba todo el proceso más se acrecientan los temores empresarios de que en que realidad no habrá novedades de importancia en lo que hace a las mejoras de fondo necesarias hasta fin de mandado de Alberto Fernández quedando la gestión de la vía navegable en un permanente stand by.

Según supo Rosario3, la preocupación es creciente en las conversaciones internas entre los socios de las principales entidades empresarias vinculadas a la hidrovía. Pero hasta ahora la conducción de las organizaciones que reúnen a puertos y exportadores están todavía buscando no hacerlas públicas de manera tan directa. Pero el margen de contención que tienen es cada día menor.

Desde que el año pasado terminó la concesión privada, la AGP se hizo cargo de la concesión y contrató a los ex concesionarios para que sigan haciendo las tareas de dragado y balizamiento. El objetivo era hacer mantenimiento mientras que, en paralelo, el Ministerio de Transporte preparaba una licitación de fondo que tomaría la posta en septiembre de este año. Eso plazo ya no se puede cumplir porque todavía no están ni en la calle los pliegos.

Pero como si ese retraso fuera poco, la AGP en tren de darle mayor sustento legal a sus contrataciones directas motorizó dos licitaciones para el mantenimiento de dragado y balizamiento hasta que llegue la famosa y demorada licitación de fondo. Y fue la licitación de dragado la que terminó en escándalo y con la denuncias contadas más arriba.

Semejante embrollo está alentando temores empresarios de que por años no estarán las mejoras necesarias -para hacer más eficiente la logística y bajar los fletes- y hasta se activó el debate interno sobre si en realidad hay interés oficial en hacer la nueva licitación de fondo, ya que el objetivo de que la concesión (y por ende el cobro del millonario peaje) quede en manos del Estado ya se cumplió al quedar el sistema bajo gestión de la AGP. Un objetivo que estuvo motorizado por el Instituto Patria, think tank cristinista del que proviene el titular de la AGP, José Beni.

Incluso, ya hay voces de grandes exportadoras que están cargando contra la AGP, cuyo trabajo en principio fue elogiado, porque sostienen -por la bajante- tiene menos actividad de dragado, pero sigue cobrando el caro peaje como durante la concesión privada sin rebaja alguna generando así un millonario superávit que no se traduce en nuevas obras y servicios.

En la AGP, por su parte, niegan que haya parálisis. Y si bien reconocen que la licitación corta de balizamiento quedó empantanada (y ahora deben analizar e incorporar las recomendaciones de la PIA), prometen que la semana que viene se adjudica la licitación de balizamiento (que ganó Emepa).

Y ante las quejas de puertos y exportadores por más obras de infraestructura, recuerdan que ellos tienen la concesión del esquema vigente y que cualquier mejora la deberían gestionar ante la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, que es la que tiene la atribución para definir cambios.  Fuente: Rosario 3