En una movida legislativa significativa, el proyecto de Ley Ómnibus presentado por el gobierno enfrenta desafíos en el Congreso argentino. Esta propuesta, busca implementar cambios fundamentales en el régimen de biocombustibles, un sector que juega un papel crucial en la economía energética del país.
La propuesta enfrenta resistencia. Información publicada en Infobae sugiere que, debido a la oposición de los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, el gobierno estaría considerando alternativas como la sustitución del sistema de asignaciones directas por licitaciones y cambios en los porcentajes de biocombustibles en gasoil y nafta. Aunque se propone una participación de mercado limitada al 14% para cada empresa, críticos argumentan que en la práctica, poco cambiaría.
La situación se complica aún más, asegura Infobae, por la práctica de algunas empresas, como el Grupo Bojanich, de crear múltiples pymes para beneficiarse del esquema de biocombustibles. Con seis empresas diferentes, el Grupo Bojanich controla actualmente el 22% del mercado del biodiesel.
Este debate legislativo no solo es un reflejo de las tensiones políticas y económicas en Argentina, sino que también pone de relieve las complejidades de la regulación y la liberalización en sectores estratégicos como el de los biocombustibles. El resultado de esta batalla legislativa tendrá consecuencias significativas para el futuro del sector energético en el país.
Desde 2007, la Secretaría de Energía ha mantenido un control estricto sobre la industria de biocombustibles en Argentina, decidiendo qué empresas pueden operar en el mercado, determinando los volúmenes de producción y fijando precios de venta.
Este sistema ha sido criticado por generar un mercado cautivo y asegurar ingresos multimillonarios a un grupo selecto de empresas. Dos conglomerados empresariales, Bojanich y Essential Energy Holding, dominan aproximadamente un tercio del mercado de biodiesel, mientras que ACA Bio, Promaíz SA, y Bioetanol Río Cuarto controlan más de la mitad del negocio del bioetanol.
El proyecto de ley propone una liberalización del mercado, eliminando las restricciones sobre quién puede producir biocombustibles y abriendo la industria a nuevos participantes. También busca eliminar las cuotas asignadas por la Secretaría de Energía y la fijación de precios, medidas justificadas por el gobierno como necesarias para fomentar la competencia y corregir distorsiones de precios.
