En su ultima movida legislativa, el Gobierno nacional remitió al Congreso las respuestas a las modificaciones solicitadas por una fracción de la oposición a la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida comúnmente como Ley Ómnibus. Este proyecto de ley, que abarca diversos aspectos, ha suscitado gran expectación en Mar del Plata, especialmente en lo que respecta a las reformas propuestas para la actividad pesquera, generando un fuerte rechazo entre los diversos actores de la pesca y la industria naval en la ciudad.
El intendente Guillermo Montenegro expresó esta mañana su desacuerdo con el capítulo referido a la pesca, señalando que “los cambios deben ser virtuosos y no improvisados”. Surge así la interrogante: ¿Cómo se ha configurado finalmente el capítulo sobre la pesca? ¿Se mantienen las reformas iniciales, o ha habido modificaciones como resultado de la presión de los sectores portuarios?
El texto del proyecto de Ley Ómnibus, con las modificaciones incorporadas y remitido al Congreso, aborda explícitamente la preocupación generada por las reformas propuestas en el ámbito de la pesca. El documento destaca que “la modificación del régimen de pesca ha generado un amplio debate público y parlamentario”.
En una declaración controvertida, el Gobierno aborda directamente a los empresarios y sindicatos pesqueros, argumentando que “los actores actuales del sector, a pesar de las actualizaciones tecnológicas recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita”. Se plantea la preocupación de que un recurso natural que pertenece a todos los argentinos se explote sin que la población pueda participar justamente en los beneficios económicos que genera.
A pesar de la controversia y las críticas recibidas, el Gobierno defiende su posición: “A título de ejemplo, las regalías en langostinos son de alrededor del 0.3% y las de merluza hubbsi son del 0.15%. Este es el problema que urge resolver. El proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras”.
Las principales cámaras empresarias, sindicatos y actores políticos de Mar del Plata ya hay planteado su fuerte rechazo, tanto al proyecto original como al nuevo enviado por el gobierno de Javier Milei que, lamentablemente, no modifica los perjuicios que originalmente el proyecto causaba a la industria pesquera y naval.
En cuanto a las modificaciones introducidas, se destaca la eliminación de la confusión generada por la palabra “internacional” en el sistema de asignación de cuotas, aclarando que el proyecto no modifica la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad pesquera.
Además, se han realizado ajustes al artículo 7, eliminando las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley Nº 24.922, lo que significa que se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina.
El nuevo artículo 242 propone sustituir el artículo 7º de la Ley Nº 24.922 (Régimen Federal de Pesca), detallando las funciones de la autoridad de aplicación, desde la conducción de la política pesquera nacional hasta la fiscalización de las capturas máximas permisibles y la emisión de permisos y autorizaciones de pesca.
En medio de esta controversia, el Gobierno reiteró su “compromiso con la revisión de las políticas pesqueras para garantizar una explotación sostenible de los recursos y asegurar que la población argentina participe justamente en los beneficios generados por la actividad pesquera”.
