El acuerdo, clave para la conservación de la biodiversidad marina, marca un compromiso global para proteger el 30% de los océanos para 2030.

Redacción Globalports

Esta semana, en el marco de la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, 82 países estamparon su firma en el Acuerdo de Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), popularmente conocido como el Tratado de Alta Mar. Esta decisiva acción busca la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales, esas vastas zonas oceánicas fuera del alcance jurisdiccional de cualquier nación.

Luego de dos décadas de negociaciones y tras finalizar el texto del tratado en marzo de este año, los miembros de las Naciones Unidas manifestaron su compromiso para la protección de los océanos. 

La meta es proteger el 30 % de estos para 2030, permitiendo la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales y obligando a los países a ejecutar estudios de impacto ambiental para los proyectos en alta mar. Además, reconoce que los recursos genéticos marinos son patrimonio de la humanidad, y por ende, inapropiables.

En conversación con Mongabay Latam, Cristian Laborda, experto en derecho del mar que estuvo activamente involucrado en la elaboración del Tratado de Alta Mar, expresó su optimismo ante la sorpresiva receptividad del tratado. “Se sentía en el ambiente el optimismo”, dijo Laborda, destacando el contraste con las habituales tensiones de tales negociaciones internacionales.

Laborda mencionó que se podrían iniciar conferencias preparatorias para delinear la implementación del acuerdo, aunque es necesario que los países ratifiquen para ponerlo en plena marcha. Reconociendo la urgencia climática actual, el acuerdo busca también contribuir desde la perspectiva de la protección oceánica.

El Tratado de Alta Mar presenta características innovadoras: instaura la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales, obliga a los países con intereses en alta mar a realizar evaluaciones de impacto ambiental y reconoce a los recursos genéticos marinos como patrimonio inapropiable de la humanidad.

Entre las naciones que han firmado se incluyen Brasil, México, Estados Unidos y China, así como 10 naciones de Latinoamérica, entre ellas Chile, Costa Rica, Ecuador y Colombia. Se espera que, antes de finalizar el año, la cifra total de firmantes alcance los 100 países.

Para que el tratado sea vinculante y comience a operar, es necesario que 60 países lo ratifiquen. Se espera que esto se logre antes de la conferencia del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 en junio de 2025, coorganizada por Francia y Costa Rica. Asimismo, Laborda apunta a la necesidad de preparar la infraestructura institucional para la efectiva implementación del tratado.

La financiación para establecer dicha institucionalidad provendrá de diferentes fuentes. La Unión Europea ha comprometido millones de euros y el Global Environment Facility (GEF) ha destinado fondos significativos para la puesta en marcha y implementación del acuerdo.

Este acuerdo no es simplemente un gesto político, sino que también tiene consecuencias jurídicas ya que, según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al firmar un tratado, un país se compromete a no realizar acciones que puedan vulnerar el mismo. La protección y uso sostenible de la biodiversidad marina en alta mar representa un compromiso global de suma importancia para el futuro de nuestro planeta.