Por Agustín Barletti
En la Argentina se aplica el valor de la embarcación como vara para medir la indemnización en este tipo de accidentes, valor que oscila en los u$s 17 millones mientras que los muelles cuestan aproximadamente u$s 40 millones.
En los últimos años varias terminales portuarias fueron víctimas de accidentes provocados por buques de gran porte que han colisionado sus muelles, provocando importantes daños en sus instalaciones portuarias. Los montos en juego en accidentes de esta naturaleza no son menores, estamos hablando de millones de dólares. Ello, sin contar el lucro cesante por tener la terminal parada por varios meses hasta que pueda reconstruirse la avería.
El problema radica en que la legislación argentina en materia indemnizatoria por parte del armador, ha quedado desactualizada del régimen internacional, ya que se sigue midiendo por el valor del buque y, en la actualidad, los muelles valen más del doble de lo que cuesta una nave. Sin embargo, a partir del Convenio de Londres de 1976 (actualizado en 2010), sus protocolos del año 1996 y 2012, los límites de responsabilidad y, consecuentemente, los valores en la reparación por daños han aumentado considerablemente. Pero la Argentina no ha adherido a ese Convenio.
“Nuestros muelles están desprotegidos. En la Argentina se aplica el valor del buque como vara para medir la indemnización en este tipo de accidentes, valor que oscila en los u$s 17 millones mientras que los muelles cuestan aproximadamente u$s 40 millones. Claramente, estamos infra asegurados mientras que un buque Panamax/Post Panamax puede tener un promedio de limitación de responsabilidad a nivel internacional es de u$s 42 millones aproximadamente. Esta situación va en perjuicio de nuestros intereses nacionales”, dijo Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).
El ejecutivo resaltó que se han realizado numerosas gestiones para impulsar que se apruebe dicho tratado y se lo incorpore definitivamente en nuestro derecho positivo. Existe un proyecto de ley que se está impulsando, pero los tiempos administrativos difieren de las necesidades reales de las terminales. Mientras tanto, hay millones de dólares invertidos y puestos de trabajo que pueden verse afectados por una eventualidad de estas características.
A juicio de la CPPC, una forma de revertir este problema indemnizatorio, es que nuestro país ratifique la Convención de Londres para que las diferencias apuntadas se equiparen y la Argentina se rija por el régimen internacional. Esta ratificación debe ser impulsada por el Poder Ejecutivo y refrendada por el Congreso Nacional.
“Contar con esta legislación incorporada en nuestro régimen jurídico es de beneficio para la Argentina, ya que los principales puertos que permiten el ingreso de divisas podrán contar con mejores elementos de protección patrimonial y así mantenerse lo más indemnes posible de los riesgos que de por sí conlleva la actividad, además de otorgar mayor seguridad jurídica a quienes han realizado tan importantísimas inversiones en nuestro querido país. No debería haber razones para que se demore su tramitación“, destacaron desde la CPPC. Fuente: Transport & Cargo
