En una auditoría interna que la Administración Nacional de Puertos (ANP) realizó, se detectó que en 2016 hubo algunas irregularidades en el control del uso de las áreas públicas del Puerto de Montevideo, en donde operan, entre otras empresas, Montecon.
Uno de los miembros del Directorio del organismo, al ver las observaciones que se hicieron, planteó que se haga otra auditoría, en ese caso externa, pero su pedido fue archivado.
Según el matutino, en marzo de 2016, el presidente de la ANP, Alberto Díaz, pidió a la División Auditoría del servicio descentralizado realizar dos investigaciones.
En el primer caso se trató de una muestra fotográfica de zonas de almacenaje ocupadas del puerto montevideano. En el segundo, un relevamiento de los procedimientos y control de zonas de almacenaje en todos los puertos que administra la ANP.
El 1º de abril de ese año se llevó a cabo la inspección de la zona.
El informe dedica un capítulo a las áreas públicas en las que opera Montecon en lo relativo a la logística de contenedores.
En el documento se señala que en marzo se hallaron “ocho facturas emitidas por concepto de almacenaje, de las cuales dos correspondían al depósito de mercadería en la zona contigua al muelle y seis facturas asociadas al servicio de depósito de mercadería en rambla”.
“En ninguna de esas seis facturas pudimos identificar la zona ni la mercadería porque en la descripción adicional no se incluyeron datos de Carta de Servicio (CS) o Expediente (EE) que dieron lugar a dicho almacenaje. Por tal motivo tampoco podemos afirmar nada con respecto a las fechas de vigencia de los mismos”, reza el texto.
“Con respecto a las dos facturas por suministro de zona contigua a muelle, en el detalle de las facturas no se identifica documentación de respaldo (CS o EE) de esa operación, ni de la zona. No podemos confirmar que las horas liquidadas fueran las efectivamente ocupadas, ni tenemos la certeza de que la zona ocupada coincida con el muelle de atraque, asignado al buque de esa escala”, agregaron.
La auditoría concluyó que en la inspección se comprobó que las zonas referidas “no se encuentran señalizadas o delimitadas con líneas de pintura en el piso u otras formas, que permitan a la ANP afirmar o controlar que es el mismo espacio ocupado originalmente cantidad y lugar y que se esté facturando adecuadamente, dado que la ubicación geográfica es imprecisa”.
“Hemos constatado que los datos del servicio de Almacenaje que surgen de la factura son insuficientes para que un usuario interno (ANP) y externo (cliente) pueda verificar la adecuada liquidación de ese servicio”, añadieron.
En un segundo informe, realizado en junio de 2016, acerca de los protocolos y control de zonas de almacenaje, en el que se concluye: “A través del análisis de facturación a algunos clientes de la muestra, la dificultad, e imposibilidad en algunos casos, de poder asociar un servicio de almacenaje a través del sistema de información que se registra, dada la insuficiencia de datos, y concluimos el incumplimiento del Decreto 482/08 en lo que respecta al tiempo de almacenaje de un mismo operador en una zona”.
Ese texto agrega: “Si bien el Decreto 534/993, para el Item 2.2 Servicio de depósito, establece que es potestad de la ANP renovar el plazo del período máximo de 3 meses, a petición de los interesados; dada la informalidad y diversidad de los canales utilizados, no hemos podido constatar el cumplimiento de este último requisito, ni tampoco surge de los registros informáticos que la misma dependencia jerárquica que autorizó el primer período máximo de almacenaje en esa zona, haya autorizado el período de almacenaje vigente”.
Al conocer las auditorías, en septiembre de 2016 el director de la ANP por el Partido Nacional, Andrés Chahnazaroff, planteó que se debía contratar una auditoría externa en el puerto de Montevideo, Nueva Palmira y Punta Sayago, para investigar el área de operaciones y servicios, de forma de analizar procedimientos de asignaciones de las zonas públicas, el control del área ocupada y las finanzas, facturación y aplicación de las tarifas vigentes de esas áreas portuarias.
Sin embargo, en 2019, el gerente general de la ANP de ese entonces, Alejandro Antonelli, sugirió que se archive el expediente. Fuente: El Observador
