Globalports
El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, anunció una importante reforma del sector aerocomercial con la publicación del Decreto 599/2024. Esta nueva legislación, firmada por miembros clave del gabinete, incluyendo al Jefe de Gabinete Guillermo Francos y al Ministro de Economía Luis Caputo, fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial. Su objetivo es desregularizar el sector, permitiendo la entrada de nuevos operadores para fomentar la “competencia leal”.
Este paso hacia la liberación del sector aerocomercial viene acompañado de una ola de escepticismo por parte de críticos que advierten sobre los posibles aumentos en los costos de transporte y la reducción de rutas esenciales, temiendo que los beneficios prometidos no compensen los posibles inconvenientes para regiones menos rentables.
Según el decreto, la Secretaría de Transporte destacó el objetivo de la iniciativa de “modernizar y desburocratizar el sector aéreo”. Las nuevas regulaciones facilitan acuerdos de colaboración entre aerolíneas, permitiéndoles vincular operaciones, compartir horarios de vuelo, rutas, recursos y conexiones de vuelos.
Esta reforma también permitirá a las aeronaves más pequeñas, especialmente aquellas que proporcionan servicios chárter, operar bajo menos presión burocrática, un cambio dirigido a aumentar la conectividad en ciudades pequeñas que actualmente carecen de vuelos directos.
El gobierno justifica estas reformas señalando la extensa geografía de Argentina, afirmando que el transporte aéreo es crucial para conectar ciudades distantes. Esta perspectiva considera a los aeropuertos más pequeños y a los propietarios privados de aeronaves como actores significativos en la red de transporte nacional.
Si bien la iniciativa promete mejorar la conectividad nacional con vuelos más frecuentes y la entrada de nuevas aerolíneas, potencialmente impulsando el turismo provincial y proporcionando tarifas más competitivas, existen preocupaciones sobre el impacto más amplio de estas medidas.
El cambio establecido en el decreto, de alejarse de las audiencias públicas en el proceso de asignación de rutas y la reducción de los derechos exclusivos de Intercargo en los servicios de rampa indican un cambio significativo hacia la privatización y la reducción del control estatal.
Sectores críticos a la medida argumentan que esto podría llevar a un aumento de los costos en el transporte de carga y la suspensión de rutas no rentables esenciales para la conectividad entre la capital y las áreas regionales.
Además, la eliminación del monopolio de Intercargo en los servicios de rampa se ve como un movimiento para disminuir el alcance operativo de una compañía que aún opera bajo el paraguas financiero estatal, indicando un impulso hacia la privatización, que previamente se debatió durante la creación de la Ley de Bases, pero no se incluyó en los acuerdos finales.
Estos cambios radicales, que apuntan a la liberación del mercado del transporte aéreo, traen una capa de escepticismo respecto a los impactos a largo plazo en la seguridad operacional, las prácticas de mercado justas y el mantenimiento de servicios esenciales a regiones menos rentables.
El gobierno enfatiza principios como el acceso libre a los mercados, la lealtad comercial, la desregulación de tarifas y la vigilancia operacional continua. Sin embargo, la aplicación práctica de estos principios y sus efectos sobre la población argentina están por verse.
Los críticos instan a un monitoreo cuidadoso y a reconsiderar potencialmente aspectos de estas reformas para asegurar que no socaven enlaces de transporte esenciales o conduzcan a mayores costos operativos que podrían ser trasladados a los consumidores.
