La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, presentó los lineamientos del proyecto de ley para el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) ante un plenario de las Comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
Durante su exposición, Royón destacó la oportunidad que existe en el mercado mundial para Argentina y afirmó que el proyecto de gas natural licuado podría cambiar la realidad productiva del país.
Según la secretaria de Energía, Argentina cuenta con recursos para más de 150 años, pero actualmente solo se está explotando un 8% de ellos. Ante esta situación, consideró necesario promover la instalación de proyectos de GNL en el país, tanto para el mercado interno como para el regional.
“Se trata de un escenario que vuelve viable pensar más allá, no solo de nuestro mercado interno sino del regional (Brasil, Chile, Uruguay). Por eso consideramos pertinente tener un marco para promocionar la instalación de proyectos de GNL en la Argentina” argumentó la secretaria de Energía.
Royón describió las condiciones y perspectivas del escenario energético global, enfatizando la transición hacia fuentes de energía más limpias y el papel del gas natural como combustible de transición. Además, resaltó que el incentivo a las condiciones de inversión en el mercado del gas natural licuado puede beneficiar a toda la cadena de valor y al entramado industrial nacional.
La secretaria subrayó la importancia de agregar valor local en el marco de la ley propuesta, al igual que en otras iniciativas impulsadas por la Secretaría de Energía. Según ella, esto contribuirá al crecimiento de Argentina y al desarrollo industrial y diversificación productiva del país.
Royón mencionó el acuerdo entre YPF y la compañía malaya Petronas como ejemplo de los proyectos en curso relacionados con el GNL, que representan inversiones multimillonarias y oportunidades de industrialización y generación de valor para el recurso del gas. Destacó que un marco normativo para el GNL puede impulsar el desarrollo industrial y la diversificación productiva en Argentina.
“Este desafío del GNL nos va a generar industrialización, con varios proyectos en curso. El más grande es el de YPF-Petronas, que significa una inversión multimillonaria para nuestro país y una oportunidad de industrializar y de agregar valor al recurso del gas. Pero, precisamente, como se trata de inversiones de capital intensivo, demandan un marco para su promoción. Solo en su primera etapa ese proyecto arranca con 10 mil millones de dólares de inversión y estima alcanzar los 40 mil” amplió la secretaria de Energía.
En cuanto a Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo, la secretaria de Energía señaló que el desafío es aprovechar y monetizar su potencial. Según ella, existe una oportunidad en el mercado mundial de GNL para exportar los recursos de Vaca Muerta más allá de la región.
El Régimen de Promoción del GNL busca favorecer la industrialización del gas natural y promover el desarrollo de toda la cadena del GNL, así como la industria de los bienes de capital asociada. Royón resaltó la importancia de proporcionar condiciones de estabilidad fiscal y tributaria para asegurar la competitividad de estos proyectos, que tienen un gran impacto en la economía argentina.
La secretaria de Energía expresó su convicción de que Argentina y Vaca Muerta tienen una enorme oportunidad en los proyectos de GNL. En el documento presentado ante los legisladores, se detallan las propuestas del Régimen de Promoción del GNL, que incluyen seguridad jurídica para los inversores, un marco impositivo internacional y estabilidad fiscal, regulatoria y cambiaria.
Durante el plenario, Royón estuvo acompañada por funcionarios y expertos en regulación financiera, impuestos y programación macroeconómica. Además, el presidente de YPF S.A., Pablo González, junto con el personal de la empresa energética, también expuso en el contexto del debate sobre el Régimen de Promoción del GNL.
Proyecto Ley de Promoción de GNL en Argentina
En sus lineamientos fundamentales el proyecto declara de interés público nacional y como objetivo prioritario la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de gas natural licuado (GNL). Lo mismo vale para las actividades asociadas a esta producción, vinculadas con el almacenamiento, la comercialización, el transporte y la instalación de infraestructura en el territorio argentino.
Con el objetivo de potenciar la actividad se propone un marco normativo con encuadre impositivo internacional y condiciones de estabilidad fiscal, regulatoria y cambiaria. De esta forma se apunta a brindar la seguridad jurídica acorde con las inversiones requeridas por el sector, tanto de actores locales como extranjeros.
Las empresas interesadas en acceder al régimen promocional podrán solicitar su incorporación a través de la presentación de un proyecto de inversión ante la Secretaría de Energía, autoridad de aplicación de la ley. El plazo para acogerse a estos beneficios es de cinco años a partir de la publicación de la norma, y requiere un compromiso de inversión mínimo de 1. 000 millones de dólares para un plazo de seis años con una capacidad de producción instalada de al menos 1 millón de toneladas de GNL por año.
La normativa comprende las distintas instancias que integran la cadena productiva del gas natural licuado: transporte de gas destinado a producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte. Además de la posterior comercialización del GNL, tanto dentro del territorio nacional como en su exportación.
A su vez, el proyecto contempla una serie de beneficios tributarios (amortización del impuesto a las ganancias, devolución del IVA, exención a tributos y estabilidad fiscal), derechos de exportación (con alícuotas variables entre el 0 y el 8 por ciento) y diversos tipos de plazo para la exportación en firme.
El acceso a estos beneficios contempla incentivar la participación de la cadena de valor local al proponer porcentuales de integración mínima de contenido nacional para los bienes y obras involucrados en cada proyecto. Para la etapa inicial de ingreso en vigencia de la ley, y hasta su décimo año, al menos un 15% del emprendimiento debe contener participación argentina.
