La construcción de un puerto en el archipiélago de Malvinas podría facilitar la extracción de recursos naturales en aguas disputadas, que pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego afirmó Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, de Tierra del Fuego.
En declaraciones a FM Master’s, Dachary expresó su inquietud ante lo que considera una “segunda oleada de intento de fortalecer las capacidades logísticas en Malvinas por parte de los británicos”, con el objetivo de aumentar la capacidad operativa en la explotación de hidrocarburos y en la pesca.
Dachary anunció que “En los próximos días el Gobierno de Tierra del Fuego, por instrucción del gobernador, Gustavo Melella, intimará a la empresa norirlandesa Harland & Wolff como consecuencia de su intención de avanzar ilegalmente en la construcción de un nuevo puerto en nuestra provincia sin autorización”
Además, desde el gobierno provincial se está rastreando a todos los proveedores y clientes asociados con el proyecto para notificarles sobre el litigio pendiente. Sin embargo, Dachary reconoce los desafíos de esta situación, especialmente dado el tácito respaldo del gobierno argentino a las autoridades ilegítimas de Malvinas.
“Nuestro interés es avanzar rápidamente en la judicialización, e impedir cualquier tipo de operación de esta empresa y de sus empresas asociadas en alguna otra parte de la Argentina”, afirmó.
“Vamos a avanzar en una intimación a la empresa para que regularice, como si estuviese avanzando con este proyecto en cualquier otra parte de nuestra provincia. En el caso de que no responda, o la respuesta no sea satisfactoria, la Ley prevé 90 días hábiles de plazo perentorio, se avanzará con el proceso ya de judicialización”, explicó el funcionario.
A pesar de estos desafíos, la provincia está determinada a proteger sus intereses y soberanía, buscando apoyo internacional a través de canales establecidos por la Convención de La Haya para avanzar rápidamente en la judicialización del caso.
El proyecto Fipass propuesto por Harland & Wolff, anunciado el pasado 7 de marzo, implicaría la construcción, transporte e instalación en el archipiélago de cuatro pontones flotantes, destinados a modernizar la infraestructura portuaria existente para recibir cruceros de turismo, buques pesqueros y científicos, y eventualmente barcos petroleros.
El funcionario recordó el precedente de hace dos años, cuando la provincia logró detener un proyecto similar mediante acciones legales y protestas ambientales, La provincia empleará una estrategia similar a la anterior, intimando a la empresa constructora y a sus proveedores para que respeten las leyes provinciales.
