Con el traspaso de la vía navegable por un año a la Administración General de Puertos se cumple, pero de forma más racional, con el deseo de un sector ultra kirchnerista que pedía su nacionalización.
Por Agustin Barletti.
El gobierno nacional optó por la fórmula que le produjera la menor cantidad de roces para salir, al menos temporalmente, del embrollo en el que se encuentra metido por el asunto de la hidrovía. Desde que inició su gestión el 10 de diciembre de 2019, se sabía que el 30 de abril de 2021 vencía la concesión de la vía de navegación troncal del Paraná por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas. El tiempo se le fue escapando en medio de declaraciones y buenas intenciones políticas y, cuando llegó la fecha, no tuvo otra opción que prorrogar la concesión por 90 días.
Ahora, por medio del decreto 427/21, le transfirió a la Administración General de Puertos (AGP) la gestión de la vía navegable durante los próximos 12 meses.
De esta forma, desde la Casa Rosada buscan satisfacer a las voces de la propia tropa que desde hace meses vienen pidiendo el control estatal de la vía navegable. Con su ya conocida gimnasia de movilización, sectores del ultra kirchnerismo vienen bombardeando con una imparable serie de encuentros virtuales casi a diario desde los que se reclama la “recuperación de la soberanía del Paraná”, cuando en realidad, de lo que se habla es de una obra de ingeniería de dragado y señalización donde no hay en juego intereses soberanos.
Sin embargo, el Gobierno no le traspasó la hidrovía a cualquier organismo. Lo hizo a la AGP, un ente del estado con cierta autonomía, una larga experiencia en licitaciones, acostumbrado a tratar con privados y que tiene una trayectoria de buen pagador.
Este no es un hecho menor, porque el decreto facultó a la AGP a cobrar el peaje y hacer las contrataciones necesarias para mantener operativos los servicios.
“Es un orgullo que el presidente Alberto Fernández y el ministro Alexis Guerrera nos hayan confiado la gestión de la hidrovía. Afrontaremos este desafío con compromiso y la seguridad de contar con excelentes equipos técnicos en materia de navegación”, destacó José Beni, interventor de la AGP.
Con esta decisión, también se intentan acallar las voces del sector agro industrial exportador y logístico que se espanta ante la posibilidad de estatizar una vía navegable que, dragada y señalizada por privados desde hace 25 años, ha generado excelentes resultados. Ellos saben más que nadie, que el Estado argentino demostró ser un pésimo dragador, por eso la fórmula de AGP, un ente confiable, que luego contrate a privados para dragar y señalizar, no es el peor escenario.
A partir de ahora comienza una nueva carrera contrarreloj. En poco tiempo vence la prorroga otorgada a Hidrovía SA por la resolución 129/21 del Ministerio de Transporte. Cuando ello suceda estará ingresando el grueso de los buques gaseros para sobrellevar la temporada invernal, y zarpando los buques graneleros con las exportaciones argentinas al mundo. En el primer semestre del año, la agro exportación liquidó u$s 16.659,7 millones por exportaciones. Lo hizo en medio de una bajante histórica del Paraná que no registra antecedentes en el último siglo porque una empresa dragadora privada de prestigio mundial mantuvo profundo el río.
Queda claro que el Paraná no puede estar un día sin dragado a riesgo de producirse un descalabro logístico de proporciones que impactaría en una economía ya golpeada por la pandemia.
Fuente: Transport & Cargo, El Cronista
