El magistrado Fabián Lorenzini habilitó que se analice la nueva propuesta en el marco del concurso. Un grupo de acreedores asegura que la misma contiene una “maniobra fiscal elusiva”. Cuestionamientos de legisladores.

La decisión del juez de Reconquista Fabián Lorenzini, de habilitar el tratamiento de la nueva propuesta presentada por Vicentin en el marco del concurso, generó el rechazo de los representantes de los acreedores granarios más grandes que litigaron penalmente contra los directivos de la agroexportadora, por considerarla “insignificante y perjudicial para los acreedores” y, al mismo tiempo, “contraria a la ley porque encubre una maniobra fiscal elusiva”.

Así lo planteó el representante legal de los acreedores granarios, Gustavo Feldman, quien señaló que “la propuesta realizada por Vicentin presumiblemente encubre una maniobra elusiva en materia de impuesto a las ganancias”, debido a que busca mostrar desde el punto de vista formal “la inexistencia de quita mediante la capitalización de saldos de deuda quirografaria a través de un fideicomiso de administración al cual serán cedidos los saldos de créditos quirografarios remanentes”.

Esta maniobra, según indicó el letrado, va contra el artículo 30 del decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias, el cual establece que los resultados provenientes de quitas concursales respaldadas en acuerdos homologados deben computarse en el resultado impositivo (utilidad del ejercicio) del deudor concursado.

Esta semana el magistrado que entiende en el concurso de Vicentin aceptó dar curso a la propuesta presentada por la agroexportadora, luego de haber rechazado la anterior elevada en noviembre por considerarla “abusiva”. En la misma, Vicentin ofrecía una quita del 70% de la deuda y un plazo de pago de 15 años para pagarla.

A principios de este mes, Vicentin volvió a presentar otra propuesta en la que ofrecía ceder el 95% del capital accionario y proponía pagarle la totalidad de las deudas a los acreedores quirografarios por un monto de u$s 30 mil y ceder el saldo de esas deudas a “un fideicomiso de administración para su inmediata capitalización por el fiduciario” reduciendo así la participación accionaria de los actuales socios a un 5%”.

Esa iniciativa contaba con el aval de los tres inversores estratégicos que buscan quedarse Vicentin como son Molinos Agro, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que en conjunto aportarían u$s300 millones por año como capital de trabajo y otros u$s420 millones para cubrir el pago de las deudas a bancos, cooperativas, empresas y a cientos de productores.

La decisión del juez fue tomada como un guiño hacia la agroexportadora que busca cerrar un acuerdo con los acreedores antes del 31 de marzo cuando finaliza el plazo concursal.

Con esta oferta la compañía apuesta a contar con el respaldo de los acreedores más chicos, que aportarían para llegar al 50% del número requerido pero no le permitirían llegar al 66% del monto de capital verificado en el concurso, un requisito esencial para que la propuesta sea homologada. Es por eso que en las últimas horas será clave la decisión que tomen los acreedores financieros, especialmente los bancos extranjeros, que permitirían alcanzar esa cifra, teniendo en cuenta la fuerte resistencia que manifestó el Banco de la Nación Argentina (BNA) -acreedor privilegiado por u$s 225 millones- por aceptarla.

Feldman consideró poco probable que se logren esas voluntades habida cuenta que esas entidades extranjeras acusaron en duros términos a los directivos de Vicentin en el marco de la causa penal que se sustancia en Rosario. “Escuché a los gritos a los abogados de esas entidades no sólo mentar de delincuentes a los directores de Vicentin sino también explicar cómo habían perpetrado la estafa”, recordó el letrado.

También aseguró que “el gobierno nacional no vería con buenos ojos que los bancos extranjeros acepten esa propuesta que el Banco Nación rechaza”, dijo además de que de hacerlo “podrían estar en complicidad con esta suerte de contingencia fiscal que contiene la propuesta realizada”, agregó.

Extranjerización

En cambio, el diputado provincial e integrante de la Comisión de Seguimiento de Vicentin, Carlos del Frade, se mostró escéptico sobre ese rechazo. “Esto muestra un doble proceso de extranjerización, ya que es la banca internacional la que decide el futuro de la compañía y luego ésta termina en manos de Viterra que en los hechos es Glencore, en complicidad con ACA y Molinos Río”, dijo al cuestionar “el rol pasivo del gobierno nacional y provincial”.

Del Frade consideró que el juez Lorenzini “no tenía salida política si no aceptaba la propuesta”, aunque también planteó que a su juicio, esto es “no es una solución al conflicto por la crisis de la Vicentin sino la continuidad de la extranjerización del comercio exterior, que provoca una pérdida acelerada de soberanía, mucho más aún en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

La comisión legislativa de seguimiento de Vicentin se reunirá a principios de marzo con el juez Lorenzini, entre otras cuestiones para plantearle su inquietud por la futuro de los trabajadores de las empresas que el grupo tiene en Avellaneda y Reconquista, ya que no hay precisiones sobre si la nueva propuesta contempla estas unidades de negocios, entre ellas la fábrica de bioetanol y la algodonera.

Elusión fiscal

Feldman insistió en que la nueva propuesta de la compañía “no trae beneficios” para los acreedores. Y lo fundamentó de la siguiente manera:

  • Cuenta con un pago inicial de u$s 30.000 (que suman u$s 35.800.000) para todos los acreedores en julio 2022 o cuando quede firme una eventual homologación (puede ser en el 2025) porque de aprobarse, probablemente, será impugnada por muchos acreedores.
  • Luego, establece un segundo pago de u$s 134.200.000 a los 5 días, para ser distribuido proporcionalmente entre todos los acreedores quirografarios. Y un tercer pago de u$s 127.000.000 al año.
  • Finalmente, un cuarto pago de u$s 165.000.000 a los 12 años, “pero sujeto a todas las vicisitudes y contingencias posibles, por lo que considerando el largo plazo y riesgos, el valor técnico de este pago es cero”, dijo.
  • “No hay quita, sino generan un artilugio de aportar el saldo del crédito a un fideicomiso, que se capitaliza en Vicentin, por lo que los acreedores pierden el quebranto fiscal”.
  • De este modo, “con la homologación se facturarían / liquidarían todas las operaciones pendientes, así que de los pagos antes expuesto se descontarían las respectivas retenciones de IVA y Ganancias sobre el 100%”, planteó.

De esta manera “el porcentaje real que representan los tres primeros pagos implica el 21,47%, ya que sobre los u$s 1.382 millones que suman los acreedores quirografarios, el pago de u$s 297 es ese número”, indicó el letrado. “Si al efectivo pago, le aplicamos un tasa de descuento a la fecha de presentación en concurso, puede resultar un porcentaje ínfimo; y si le cargamos las retenciones, las contingencias que sean verificadas en el concurso, Vicentin a grandes rasgos ofrece pagar el 20% dolarizado a los acreedores quirografarios en dos pagos”.

Así, la empresa “les hace capitalizar el remanente en un fideicomiso, pateándolo 12 años, con el único fin no efectuar una quita inmediata”, agregó.

De ese modo, a su juicio “aprobar esta propuesta implicaría un grave daño a los acreedores, que en su gran mayoría ya se han tomado el quebranto fiscal”.

“Sin duda, la anterior propuesta (30% en 16 años), que fue rechazada de entrada por el juez del concurso por abusiva, era mala pero mejor que esta nueva versión, porque la quita que genera el quebranto a los acreedores era inmediata”, dijo Feldman.

También planteó que “la modalidad de esta propuesta de pagar una suma fija u$s 30.000 a todos los acreedores, sin categorizar, implica una clara violación al principio de igualdad entre acreedores, ya que unos acreedores cobrarían el 100% de su crédito dolarizado y otros un 20%”. Fuente: La Capital